GERARDO SANCHEZ
*En dos operativos realizados durante 2026, autoridades municipales, estatales y federales aseguraron los dispositivos; investigarán su instalación y funcionamiento.
Un total de 15 cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en distintos puntos de Izúcar de Matamoros han sido retiradas durante dos operativos efectuados por corporaciones de seguridad en lo que va de 2026.
La intervención más reciente permitió desinstalar ocho dispositivos en diferentes sectores de la zona urbana, mediante un despliegue en el que participaron elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Secretaría de Marina, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Los equipos, identificados como cámaras parásitas por operar al margen de los sistemas oficiales de vigilancia, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para integrar la correspondiente carpeta de investigación y determinar las circunstancias en las que fueron colocados.
Aunque las autoridades no detallaron los puntos exactos donde se encontraban los aparatos ni quiénes serían sus responsables, señalaron que estas acciones tienen como finalidad reducir riesgos para la seguridad pública y evitar posibles afectaciones a la privacidad de los habitantes.
El primer operativo se llevó a cabo a finales de agosto, cuando fueron retiradas siete cámaras instaladas irregularmente en distintas vialidades del municipio. Con la segunda intervención, la cifra de dispositivos asegurados llegó a 15.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer si existe un inventario completo de cámaras colocadas de manera irregular en Izúcar de Matamoros, ni si las corporaciones de seguridad tienen detectados otros sitios donde pudieran encontrarse equipos similares.
Como parte de las medidas para facilitar la participación ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal habilitó el número telefónico 220 286 9942, a través del cual se pueden reportar posibles instalaciones irregulares de videovigilancia.
Las autoridades mantienen pendiente esclarecer quién colocó los dispositivos y cuál era el propósito de su funcionamiento, sin que hasta ahora se haya informado públicamente de una relación confirmada con actividades delictivas.
SAUL HERNANDEZ
