DANIEL ROMERO*La defensa de la periodista no pudo acceder a la sesión virtual; a 21 años de los hechos, el proceso judicial continúa sin una nueva fecha para la audiencia.
Un problema técnico en la plataforma de videoconferencias Webex obligó a posponer la audiencia en la que se definiría la situación jurídica del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, señalado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho.
La diligencia estaba programada para el martes 20 de octubre ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo. Sin embargo, la defensa de la comunicadora no logró ingresar a la sesión debido a que su cuenta aparecía como inhabilitada, situación que impidió el desarrollo de la audiencia.
La suspensión fue confirmada por el órgano judicial y posteriormente cuestionada por Artículo 19 México y Centroamérica, organización que acompaña el caso y advirtió sobre las consecuencias de prolongar un procedimiento que lleva más de dos décadas en busca de una resolución.
Hasta el momento, no se ha informado una nueva fecha para la celebración de la audiencia.
Un proceso marcado por más de dos décadas de litigio
El caso se remonta a diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por carretera a Puebla, en un recorrido que duró más de 20 horas. De acuerdo con los señalamientos documentados por organizaciones defensoras de derechos humanos, durante el trayecto la periodista sufrió amenazas, incomunicación y agresiones físicas y psicológicas, incluida violencia sexual.
Los hechos ocurrieron después de la publicación de Los demonios del Edén, libro en el que Cacho investigó una red de explotación sexual infantil y expuso presuntos vínculos entre empresarios y personas con influencia política.
La controversia adquirió relevancia nacional tras la difusión de conversaciones telefónicas entre Marín y el empresario Kamel Nacif, relacionadas con las acciones emprendidas contra la periodista.
Artículo 19 exige que el caso avance
Ante la cancelación de la audiencia, Artículo 19 expresó su preocupación por un nuevo retraso en el acceso a la justicia y sostuvo que la resolución del expediente representa un asunto de relevancia para la libertad de expresión y la protección de quienes ejercen el periodismo.
La organización ha insistido en que el desenlace del caso debe demostrar que las personas con poder político o económico también pueden ser sometidas a la justicia cuando existen señalamientos por agresiones contra periodistas.
El expediente ha enfrentado otros obstáculos. Entre ellos, la eliminación de la responsabilidad penal de Kamel Nacif tras un amparo en 2021 y la absolución, en julio de 2025, de Juan Sánchez Moreno, exmando de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla.
Asimismo, Hugo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial poblana, obtuvo un cambio en sus medidas cautelares en agosto de 2024, lo que permitió su salida de prisión, aunque su proceso continúa.
Sin fecha para reanudar la audiencia
El aplazamiento vuelve a colocar el caso de Lydia Cacho en el centro del debate sobre la eficacia de las instituciones judiciales y la obligación del Estado de garantizar investigaciones y procesos sin demoras injustificadas.
Mientras se espera que las autoridades determinen cuándo podrá retomarse la diligencia, la periodista continúa a la espera de una resolución judicial por los hechos denunciados en 2005.
La falta de una nueva fecha mantiene abierta la incertidumbre sobre cuándo concluirá una de las causas más representativas de la lucha contra la impunidad y la violencia hacia la prensa en México.
SAUL HERNANDEZ
