Miguel Ángel Cristiani G.
A pocos días de que comiencen las vacaciones de Semana Santa, los hechos desmienten las
versiones oficiales de que la contaminación del mar y playas por el derrame de petróleo,
están controladas.
¿Desde cuándo el mar miente y la autoridad dice la verdad? La pregunta no es retórica, es
urgente. Porque a escasos kilómetros de Playa La Bamba en Boca del Río y Villa del Mar
en Veracruz, en la zona de Isla de Sacrificios, el agua ya no refleja el azul del Golfo, sino la
opacidad de un discurso oficial que pretende tapar con palabras lo que el petróleo delata
con crudeza.
Los hechos son claros, visibles, verificables. No se trata de rumores ni de especulación:
manchas de crudo flotando en la superficie, fauna marina muerta en la orilla y una creciente
alarma entre ciudadanos, pescadores y ambientalistas. Tortugas, delfines, peces e incluso
un manatí han aparecido sin vida. No es normal. No es casual. No es aislado.Y, sin embargo, la respuesta institucional ha sido la de siempre: negar, minimizar, diluir
responsabilidades. “No pasó nada”, dicen. “Todo está bajo control”, repiten. Una narrativa
que no solo insulta la inteligencia colectiva, sino que exhibe una peligrosa desconexión
entre la realidad y quienes están obligados a administrarla.
En México, los desastres ambientales rara vez comienzan con el derrame; comienzan con la
omisión. Y terminan con la impunidad.
No es la primera vez que el Golfo de México sufre los estragos de la actividad petrolera. La
historia reciente está marcada por incidentes que, aunque distintos en magnitud, comparten
un patrón preocupante: falta de transparencia, respuestas tardías y una alarmante debilidad
en los mecanismos de supervisión. Basta recordar episodios anteriores en instalaciones
petroleras, donde las explicaciones oficiales llegaron tarde y, en ocasiones, incompletas.
Aquí hay un punto que no se puede soslayar: la responsabilidad no es abstracta. Existen
autoridades ambientales, instancias reguladoras y empresas obligadas por ley a prevenir,
contener y remediar cualquier afectación al ecosistema. La legislación mexicana es clara en
materia de protección ambiental, desde la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente hasta los compromisos internacionales suscritos por el país. El
problema no es la ausencia de normas, sino su incumplimiento sistemático.
Lo que ocurre en Isla de Sacrificios no solo es un posible desastre ecológico; es también un
síntoma de un modelo que privilegia la opacidad sobre la rendición de cuentas.
La muerte de especies marinas no es un dato anecdótico: es un indicador biológico de
contaminación. En condiciones normales, la fauna no aparece varada en números crecientes
ni en lapsos tan cortos. Cuando eso ocurre, la ciencia apunta a factores externos: cambios
abruptos en el hábitat, toxinas en el agua, alteraciones en la cadena alimenticia. En este
caso, la presencia de hidrocarburos es una hipótesis que no puede ni debe descartarse sin
una investigación seria, independiente y transparente.
Pero el daño no es solo ambiental. Es económico y social. Veracruz vive, en buena medida,
de su litoral. El turismo, la pesca y las actividades vinculadas al mar representan ingresos
para miles de familias. Un derrame, por pequeño que se quiera presentar, impacta de
manera directa en la percepción de seguridad y calidad del destino. Y eso, en temporada
alta, no es un detalle menor: es un golpe al sustento de comunidades enteras.
Lo más grave, sin embargo, es la normalización del encubrimiento. Porque cuando la
autoridad decide no ver, está decidiendo no actuar. Y cuando no actúa, se convierte en parte
del problema.
La ciudadanía no está pidiendo milagros, está exigiendo lo mínimo: información veraz,
acciones inmediatas y responsabilidades claras. No se puede gobernar a partir de boletines
que contradicen la evidencia. No se puede administrar una crisis negándola. Y no se puede
proteger el medio ambiente simulando que no está en riesgo.Aquí hay preguntas que deben responderse con precisión, no con evasivas: se dice que una
empresa privada es la responsable, pero no se dice cual empresa. ¿hubo o no un derrame?
¿Cuál es su origen? ¿Qué dependencias están interviniendo? ¿Qué medidas de contención
se han implementado? ¿Qué análisis de agua y fauna se han realizado? ¿Quién va a asumir
las consecuencias?
Porque el silencio también contamina. Y en este caso, contamina tanto como el petróleo.
La Isla de Sacrificios, cuyo nombre evoca episodios históricos de violencia y simbolismo,
hoy vuelve a ser escenario de una tragedia, esta vez ambiental. No por designio divino ni
por fatalidad natural, sino por la suma de negligencias humanas.
México no puede seguir reaccionando tarde ante sus crisis ecológicas. Se requiere una
política ambiental que no esté subordinada a intereses económicos o políticos de corto
plazo. Se necesita fortalecer a las instituciones, dotarlas de autonomía real y garantizar que
las sanciones no sean excepcionales, sino la regla cuando se viola la ley.
Pero, sobre todo, se necesita voluntad. Voluntad para decir la verdad, aunque incomode.
Voluntad para actuar, aunque cueste. Voluntad para entender que el medio ambiente no es
un recurso infinito, sino una responsabilidad compartida.
Porque cada tortuga muerta, y cada mancha de crudo en el mar no son solo daños
colaterales: son advertencias.
Y las advertencias, cuando se ignoran, se convierten en tragedias.
Negar el desastre no limpia el petróleo: solo hunde más profundo la responsabilidad de
quienes prefieren callar antes que actuar.
