IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
En México, la carrera rumbo a 2027 parece haber comenzado mucho antes de lo que marca el calendario electoral. Bajo distintas denominaciones —“coordinadores”, “defensores” o “aspirantes adelantados”— los partidos políticos han encontrado formas de posicionar figuras públicas sin declararlas formalmente como candidaturas. Aunque en apariencia estas figuras no violan la ley, en la práctica cumplen funciones muy similares a las de una campaña: generan reconocimiento, movilizan estructuras, recaudan apoyos y, sobre todo, construyen ventaja. Buscan repetir lo que Vicente Fox hizo en el 2000, inició antes que todos, tanto que después fue imposible alcanzarlo.
Este fenómeno no distingue colores partidistas. Morena, PRI y PAN, cada uno con su propio lenguaje, participan en una dinámica común: anticipar la competencia electoral sin llamarla por su nombre. El problema no es únicamente semántico; es profundamente político y democrático.
El primer impacto evidente es la desigualdad en la contienda. Quien inicia antes, acumula tiempo, visibilidad y posicionamiento. Esto puede traducirse en ventajas indebidas, uso anticipado de recursos —no siempre transparentes— y aún con la sospecha de recursos provenientes de actividades ilícitas, y una erosión del principio de equidad. La democracia, en esencia, exige condiciones parejas; adelantar los tiempos rompe ese equilibrio.
A ello se suma un fenómeno más complejo: la simulación legal. Los partidos operan en zonas grises, utilizando figuras que no están expresamente prohibidas pero que tampoco fueron previstas por la regulación. Este vacío genera dificultades para sancionar y, peor aún, instala en la percepción pública la idea de que la ley puede rodearse sin consecuencias reales.
Otro efecto es la consolidación de campañas permanentes. La política deja de ser cíclica y se vuelve continua. Gobernar pasa a segundo plano frente a la necesidad constante de competir. El resultado es doble, por un lado, menor atención a la gestión pública; por otro, un desgaste ciudadano provocado por la saturación mediática y la sobreexposición política.
Pero quizás el impacto más delicado es el debilitamiento de la confianza pública. Cuando la ciudadanía percibe que todos los partidos estiran o reinterpretan la ley, y que las sanciones son escasas o ambiguas, comienza a erosionarse la idea de justicia electoral. Sin confianza, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales.
Ante este escenario surge una pregunta inevitable: ¿esto significa que no hay árbitro electoral en México? La respuesta requiere matices. El Instituto Nacional Electoral (INE) existe, tiene facultades y sigue operando, pero enfrenta limitaciones importantes, o bien su desempeño busca favorecer al actual partido en el poder.
En primer lugar, la ley presenta vacíos normativos. Muchas de estas prácticas no encajan claramente como actos anticipados de campaña, ya que no hay un llamado explícito al voto ni un reconocimiento formal de candidaturas. En segundo lugar, el estándar probatorio es elevado, el INE debe demostrar de manera contundente la intención electoral, algo que los partidos han aprendido a evitar cuidadosamente.
Además, las decisiones del INE pueden ser revisadas —y eventualmente revertidas— por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que introduce un margen adicional de interpretación jurídica. Finalmente, el contexto político, marcado por la polarización, influye tanto en la acción institucional como en la percepción pública de sus decisiones.
Por ello, más que hablar de ausencia de árbitro, habría que reconocer una realidad más compleja: un sistema donde la regulación va detrás de la práctica política. Los partidos innovan, exploran límites y aprovechan vacíos; las autoridades responden, pero lo hacen con herramientas que no siempre están actualizadas frente a estas nuevas estrategias.
La conclusión es clara, el problema no es la inexistencia de reglas, sino su insuficiencia frente a una política que ha aprendido a adelantarse. Si esta dinámica continúa sin ajustes, el riesgo no será únicamente legal, sino profundamente político. La mayor amenaza no es que se violen las normas, sino que la ciudadanía termine por asumir que las reglas no se respetan de forma consistente.
Y cuando eso ocurre, la democracia deja de ser un terreno de competencia justa para convertirse en un juego donde gana quien mejor sabe esquivar la ley.
Los partidos políticos mexicanos, como Morena con sus «Coordinadores de la Transformación» (que serán seleccionados en junio 2026 para las 17 entidades que tendrán elecciones de gobernador en el 2027), PRI con «Defensores de México» (lanzados en marzo 2026 para recorridos en 17 gubernaturas y distritos) y PAN (abriendo plataforma para 15 mil aspirantes a un año antes), anticipan precampañas mucho antes de septiembre 2026, calentando el ambiente electoral. Esto genera precampañas disfrazadas de «coordinaciones» o «defensores», similar a estrategias exitosas de 2024.
La anticipación prolongada favorece partidos con mayor estructura y recursos (Morena), creando ventajas asimétricas en posicionamiento y movilización temprana, lo que distorsiona competencia y fatiga al electorado. Reduce tiempo para emergentes o independientes, fomentando polarización constante y uso indebido de recursos partidistas fuera de topes legales.
Se debilita la autoridad del INE, pues aunque INE multa irregularidades fiscales (706 mdp en 2026 a todos partidos), las «estrategias» para evadir sanciones vía figuras no electorales cuestionan su capacidad de arbitraje estricto pre-tiempos oficiales. PRI y Morena argumentan no violar ley al «calentar motores» como en 2024 sin multas mayores, sugiriendo percepción de laxitud que incentiva violaciones.
Todo esto constituye amenazas a la democracia, pues erosiona principios constitucionales de paridad (art. 41), promoviendo «campañas permanentes» que minan confianza en instituciones y legitiman ganadores por exposición vs. propuestas. Podría aumentar impugnaciones, polarización y abstencionismo, debilitando representatividad en 2027, jornada electoral en que se elegirán 17 gubernaturas, diputaciones federales y alcaldías.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
