IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La reciente queja del gobierno de Estados Unidos sobre el sistema aduanal mexicano está lejos de ser un reclamo técnico aislado. Es, en realidad, un síntoma de tensiones más profundas en la relación comercial bilateral y un anticipo de lo que será una revisión compleja —y potencialmente ríspida— del TMEC. Minimizarla sería un error estratégico.
El señalamiento, contenido en el informe del USTR, apunta a un problema central, la falta de previsibilidad. Para Washington, México ha introducido cambios regulatorios en materia aduanera sin suficiente transparencia ni consulta, al tiempo que endurece requisitos y sanciones para los agentes aduanales. En el lenguaje diplomático del comercio internacional, esto no es menor, pues equivale a sugerir que México se aleja de los principios básicos del tratado, como la transparencia y el trato no discriminatorio.
Pero el verdadero riesgo no está en el diagnóstico, sino en sus posibles consecuencias. El TMEC no es solo un marco de buenas intenciones; es un instrumento con dientes. Si Estados Unidos decide que estas prácticas constituyen una barrera al comercio, puede escalar el conflicto a un panel arbitral. Y hay precedentes. Sectores como energía y minería ya han sido terreno de disputas similares. El resultado, en el peor de los casos, podría traducirse en sanciones, represalias arancelarias o presiones directas para modificar la legislación mexicana.
Más allá del terreno jurídico, el impacto ya se siente en la economía real. Las restricciones operativas, la reducción de agentes aduanales y las mayores facultades para retener mercancías generan cuellos de botella que afectan directamente a las cadenas de suministro. En un entorno donde la logística es tan importante como la producción, cualquier fricción se traduce en costos. Las pequeñas y medianas empresas, el comercio electrónico y los modelos “just in time” son particularmente vulnerables. En términos simples: cada retraso en aduanas erosiona la competitividad de México.
No es casualidad que la discusión haya detonado presiones internas para revisar la Ley de Aduanas. El país se enfrenta a una disyuntiva, mantener un enfoque más restrictivo y centralizado, o avanzar hacia una mayor apertura y simplificación de procesos. Lo que está en juego no es solo la eficiencia administrativa, sino el modelo de inserción de México en el comercio global.
Además, el tema aduanal no llega solo. Forma parte de un paquete más amplio de preocupaciones estadounidenses que incluyen el sector energético, los procesos regulatorios sanitarios y la protección de la propiedad intelectual. En conjunto, estos reclamos alimentan una narrativa incómoda para México, la de un país que, en lugar de profundizar la integración, está endureciendo su marco económico. Esa percepción, justa o no, pesa en la mesa de negociación.
Y esa mesa ya está puesta. La revisión del TMEC, que formalmente inicia en junio, será todo menos un trámite. Estados Unidos llega con una agenda amplia, y las aduanas se perfilan como una de sus principales cartas de presión, quizás eso originó la reciente dimisión del titular de Aduanas mexicanas Rafael Marín Mollinedo, cercano al grupo del expresidente mexicano. No se trata solo de corregir procedimientos, sino de redefinir equilibrios, apertura frente a control, soberanía regulatoria frente a integración económica.
En este contexto, la pregunta no es si México debe ajustar su sistema aduanal, sino cómo hacerlo sin ceder margen estratégico. Porque si algo deja claro esta controversia es que las aduanas han dejado de ser un asunto técnico para convertirse en un instrumento de poder comercial. Ignorar esa realidad sería, más que un descuido, una desventaja.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
