IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
Por años, la narrativa sobre la deuda pública en México giró en torno a la prudencia en niveles manejables, disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica. Hoy, sin embargo, los datos cuentan otra historia. No una crisis —todavía no—, pero sí una tendencia que merece atención seria, el tránsito de la estabilidad hacia un deterioro gradual.
El incremento de la deuda pública de 16.7 billones de pesos al inicio del sexenio a 18.7 billones en febrero de 2026, con una proyección de 20.4 billones al cierre del mismo año, no es un simple ajuste contable. Es una señal. En poco más de un año, la deuda creció en 2 billones de pesos, y en aproximadamente dos años el aumento ronda los 3.7 billones. Más relevante aún es que la propia Secretaría de Hacienda haya revisado al alza su estimación —de 19.5 a 20.4 billones—, lo que sugiere un desequilibrio más profundo, o los ingresos no están alcanzando o el gasto está creciendo más de lo previsto, o ambas cosas a la vez.
Sin embargo, el verdadero termómetro de la salud fiscal no es el monto absoluto de la deuda, sino su relación con el tamaño de la economía. En este sentido, México se encamina a niveles cercanos al 52% del PIB en 2026, con estimaciones que apuntan incluso hacia un rango de entre 55% y 59%. Esto cambia la lectura, si la deuda crece más rápido que la economía, su peso relativo aumenta, y con ello la presión sobre las finanzas públicas. Más aún en un contexto de crecimiento moderado, donde la expansión económica —de apenas entre 1.8% y 2.8%— limita la capacidad de absorber ese endeudamiento.
Conviene ser claros, México no enfrenta hoy una crisis de deuda. Pero tampoco puede presumir ya la misma holgura fiscal de años anteriores. Lo que se observa es una trayectoria de desgaste.
Este matiz es crucial cuando se analiza el posible impacto en la calificación crediticia del país. Por ahora, México mantiene una posición relativamente sólida frente a otros mercados emergentes, con niveles de deuda aún moderados. No obstante, las señales de alerta comienzan a acumularse. Analistas advierten que la deuda podría acercarse al 60% del PIB en los próximos años, lo que abre la puerta a una eventual revisión a la baja del rating soberano.
Las agencias calificadoras, esas que no le gustan a la cuarta transformación, no reaccionan únicamente al nivel de deuda, sino a la combinación de factores, un déficit fiscal persistente cercano al 4% del PIB, un crecimiento económico limitado y presiones estructurales de gasto. Si estos elementos convergen sin una estrategia de corrección —particularmente sin una reforma fiscal que fortalezca los ingresos—, el deterioro puede volverse más evidente y, eventualmente, más costoso.
En este contexto, el papel del gasto social adquiere una relevancia especial. Programas como la entrega de útiles y uniformes escolares tienen beneficios claros, fortalecen el consumo, generan impacto social directo y pueden contribuir al desarrollo educativo. No obstante, desde la óptica fiscal, implican compromisos permanentes. A diferencia de medidas temporales, estos programas tienden a consolidarse políticamente, lo que dificulta su ajuste o eliminación en el futuro.
Este tipo de gasto se suma a otras presiones ya existentes, el creciente costo de las pensiones, la continuidad de programas sociales y el apoyo financiero a empresas del Estado como Pemex o CFE. El resultado es un aumento sostenido del gasto estructural, es decir, aquel que no depende del ciclo económico y que, por tanto, exige financiamiento constante.
Lo que emerge de este panorama no es simplemente un aumento de la deuda, sino un cambio en el equilibrio fiscal del país. Donde antes predominaban la estabilidad y la contención, ahora se observa una combinación de mayor gasto estructural, crecimiento moderado y déficits más amplios. La consecuencia natural es una mayor dependencia del endeudamiento.
¿Es esto alarmante? Depende de lo que ocurra a continuación. Si la economía logra acelerar su crecimiento, si se implementan reformas que fortalezcan los ingresos públicos y si el déficit se estabiliza, la situación puede mantenerse bajo control. Pero si el crecimiento permanece débil, el gasto continúa expandiéndose y la deuda sigue aumentando en proporción al PIB, el margen de maniobra se reducirá progresivamente.
La conclusión es incómoda pero necesaria, el problema no es el nivel actual de la deuda, sino su tendencia. México no está en crisis, pero sí en una pendiente fiscal ascendente que, de no corregirse, puede volverse cada vez más difícil de transitar.
Comente u opine a:
cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
