Paro de transportistas
Carlos Miguel Acosta Bravo
El paro nacional de transportistas de carga convocado por la CANACAR y otras organizaciones en al menos 19 estados no es una simple protesta gremial. Es una alerta sobre la fragilidad de las cadenas de suministro, el riesgo de desabasto y el costo creciente de operar en carreteras inseguras y deterioradas.
El movimiento, iniciado el 26 de octubre y convocado por tiempo indefinido, reclama seguridad en carreteras, atención a extorsiones y cobro de piso, recuperación de unidades robadas, mantenimiento vial, regulación de grúas y corralones, simplificación de trámites y revisión de estímulos fiscales.
Detrás de esas demandas hay una realidad incómoda, el autotransporte de carga sostiene gran parte del abasto nacional. Cuando los camiones se detienen, no solo se afecta un sector; se afectan supermercados, farmacias, industrias, puertos, fronteras y hogares.
La CANACAR, junto con FEMATRAC, HAMOTAC e INDECO, plantea que el problema no es únicamente la inseguridad, sino la acumulación de costos que vuelve inviable operar unidades en condiciones dignas y competitivas.
El sector enfrenta robos, extorsiones, cobro de piso, carreteras en mal estado, trámites excesivos y una presión fiscal que considera injusta en el contexto actual. La protesta no nace de una exigencia aislada, sino de la suma de factores que han hecho más costoso y peligroso mover mercancías por el país.
El paro fue convocado como suspensión de operaciones y marchas lentas, no como bloqueo total de carreteras. Aun así, su impacto puede ser considerable en accesos urbanos, corredores logísticos y rutas fronterizas.
La dimensión más grave del conflicto es humana. CANACAR reportó que, hasta septiembre de 2026, se registraron 1,105 robos al autotransporte de carga y 15 operadores asesinados. La Asociación Nacional Transportista estima entre 30 y 40 robos diarios, con más de 70% cometidos con violencia.
Estas cifras no describen solo pérdidas empresariales. Describen conductores que evitan detenerse a descansar por miedo, familias que viven con incertidumbre y comunidades que pierden trabajadores en corredores logísticos. La violencia también reduce la disponibilidad de choferes dispuestos a operar en rutas peligrosas, como Celaya, Irapuato, Querétaro, Puebla, Orizaba y el Circuito Exterior Mexiquense.
Un país que no puede proteger a quienes trasladan alimentos, medicamentos e insumos industriales tiene un problema de seguridad pública, pero también de gobernanza económica.
El autotransporte mueve la mayor parte de la carga interna de México. Cuando se alenta o se detiene, el efecto se propaga rápidamente a supermercados, farmacias, industrias, puertos, fronteras y comercios.
Los riesgos inmediatos son claros, desabasto regional de alimentos, medicamentos, combustibles y bienes de consumo; Un aumento de costos logísticos que se trasladan a precios finales; Así como retrasos en exportaciones e importaciones, especialmente en corredores fronterizos como Nuevo Laredo; Pérdidas para pequeñas y medianas empresas que dependen de entregas puntuales; Mayor presión sobre cadenas de suministro, en un contexto de alta integración comercial con Estados Unidos.
El paro no es una amenaza abstracta. Es una advertencia de que la logística nacional funciona mientras existan condiciones mínimas de seguridad, infraestructura y previsibilidad.
La protesta tampoco surge solo por inseguridad. El sector considera que las reformas fiscales previstas para 2027 elevan sus costos justo cuando enfrenta robos, extorsiones y carreteras deterioradas.
Entre las demandas destacan mantener o ampliar el estímulo por pago de peajes, revisar la reducción del límite de ingresos para acceder al beneficio -de 300 a 250 millones de pesos-, conservar apoyos al diésel y revisar el aumento propuesto de la retención de ISR para operadores, de 7.5% a 12%.
La CANACAR sostiene que reducir el acceso al estímulo por peajes golpea principalmente a pequeñas y medianas empresas, que no pueden absorber fácilmente mayores costos de operación. También rechaza la eliminación del estímulo al diésel y el posible incremento de la retención de ISR.
El reclamo fiscal es legítimo si se entiende como parte de una política de competitividad. Un transportista que paga peajes, diésel, seguros, mantenimiento, nómina y seguridad no puede competir en igualdad de condiciones si el Estado reduce apoyos sin mejorar simultáneamente la infraestructura y la protección en carreteras.
La respuesta no puede limitarse a una mesa de diálogo. Debe traducirse en compromisos verificables, plazos, indicadores de seguridad y recursos presupuestales.
Entre las demandas se encuentra el crear corredores seguros con presencia coordinada de Guardia Nacional, policías estatales y municipales. Establecer mesas permanentes de seguridad con transportistas y autoridades federales, estatales y municipales. Se reclama también implementar botones de alerta, geolocalización y protocolos de respuesta rápida para unidades en riesgo; Priorizar la recuperación de unidades robadas y el combate a redes de robo, extorsión y cobro de piso; También proteger a denunciantes y operadores que reporten extorsiones.
Incrementar inversión en rehabilitación y conservación de la red federal; Garantizar que las autopistas de cuota ofrezcan condiciones acordes con las tarifas pagadas; Mejorar señalización, iluminación, áreas de descanso seguras y puntos de inspección; Establecer programas de mantenimiento preventivo, no solo reparaciones reactivas; Regular grúas y corralones con padrones públicos, tarifas máximas y mecanismos de queja; Homologar normas estatales y municipales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Eliminar cobros discrecionales por maniobras de carga y descarga; Simplificar trámites, permisos y verificaciones sin debilitar la seguridad vial; Revisar el estímulo por peajes para evitar que pequeñas y medianas empresas queden fuera del beneficio.
El paro muestra que el transporte de carga no puede seguir siendo tratado como un sector que solo mueve mercancías. Es infraestructura económica, empleo y seguridad nacional. Cuando un camión es robado, extorsionado o detenido, no solo pierde una empresa, se afecta el abasto, el empleo, los precios y la confianza en la capacidad del Estado para proteger corredores estratégicos.
La respuesta del gobierno no puede limitarse a un acuerdo de mesa. Debe incluir compromisos verificables, plazos, indicadores de seguridad y recursos presupuestales. Si el sector no recibe respuestas concretas, el paro puede extenderse y convertirse en un problema de abasto nacional.
El mensaje de los transportistas es claro, no piden privilegios, piden condiciones mínimas para trabajar y circular con seguridad. Atender esa demanda no es solo una obligación con el gremio; es una condición para que la economía mexicana funcione.
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