La Cámara de Diputados aplazó hasta el 1 de julio de 2031 la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una decisión que retrasa la modernización de la justicia y afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes. |
POR JUAN CARLOS DÍAZ CARRANZA.
Recientemente el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones transitorias del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), destacando que se aplaza la entrada en vigor al 1º de julio del 2031. Se turnó al Senado de la República para su análisis y aprobación, pero no se esperan mayores modificaciones. Las cinco claves de esta reforma son:
El argumento
Fue la justificación para posponer que los Poderes Judiciales estatales no están listos. Se parte de que estos han reportado insuficientes avances en adecuación de infraestructura, desarrollo de sistemas tecnológicos y capacitación de personal, optando por la salida más fácil y acostumbrada: volver a aplazar otros cinco años más, una larga espera tomando en consideración que el CNPCyF se origina con la reforma constitucional del 2017.
¿Y el presupuesto?
Se posterga el incómodo debate de la asignación de los recursos federales. El dictamen aprobado genera una ilógica dependencia del funcionamiento de este cuerpo normativo a la política social del gobierno, al modificarse el 6º transitorio en los siguientes términos: “…en ningún caso deberán afectar la disponibilidad presupuestaria destinada a los programas sociales del Gobierno Federal…”
No se trata de concatenar aspectos tan diversos como los programas sociales y la administración de justicia, cuando en la propia agenda judicial puede estar la solución. Valdría la pena analizar la experiencia de la elección judicial y su costosa organización, reorientando parte de esa millonaria erogación en atender la precariedad con la que funcionan la gran mayoría de los poderes judiciales estatales.
Corresponsabilidad
Al final no fue considerada la “Ley General de Garantía de la Transición al CNPCyF” que proponía un mecanismo de certificación a los Poderes Judiciales, a fin de avalar que contaran con el “piso mínimo de garantía” para operar este ordenamiento jurídico, sosteniendo en el dictamen aprobado que implicaba una técnica legislativa diversa.
Esta era la ventana de esperanza para la justicia local. Si no hay mecanismos orientados a la corresponsabilidad entre la operatividad de las autoridades judiciales estatales y las facultades presupuestarias del legislativo federal, este aplazamiento será una bomba de tiempo: condenándola al fracaso.
Alternativas
Ahora la presión de la sociedad recae en quienes administramos la justicia cotidiana. La noticia del aplazamiento no fue bien recibida por la comunidad jurídica, ello nos obliga a atender el llamado y ser creativos para ofrecer un plan de implementación con lo que cada Poder Judicial disponga.
Una primera aproximación de alternativa es la gradualidad. Partiendo de las experiencias de entidades como Baja California y la Ciudad de México que lo implementaron, ameritando un análisis particular de cada estado y resolviendo distritos, procedimientos y materias. Otra alternativa, es impulsar la armonización legislativa para que los Notarios Públicos queden habilitados como agentes que contribuyan a la despresurización de los asuntos judiciales. O las opciones ya existentes y que se refuerzan con el CNPCyF: los MASC, facilitadores comunitarios y las herramientas de la justicia digital (atendiendo la brecha de conectividad que padecemos en algunas entidades del sureste de nuestro país).
Los más afectados
Niñas, niños y adolescentes inmersos en conflictos familiares judicializados tendrán que esperar.
¿Se han puesto a pensar en aquellas infancias que esperanzados en la llegada de este Código que conllevaba la promesa de celeridad, para la entrada en vigor habrán transcurrido entonces 14 años?
Un dato alarmante: de los rasgos más sensibles es que en esos años se han afectado proyectos de vida y engrosado las estadísticas de la depresión y hasta de suicidios en infancias y adolescencias ante la conflictividad familiar no resuelta (UNA MIRADA AL VACÍO: DEPRESIÓN, SUICIDIO Y DUELO EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES).
Una justicia lenta, discriminatoria, costosa, deshumanizada y permisiva de artimañas judiciales, ha propiciado juicios interminables que terminan invisibilizando las emociones que acarrean. Siendo los principales afectados las niñas, niños y adolescentes, desplazándolos de su sitial de interés superior que el mismo Código Nacional les reconoce.
Si no asumimos nuestra responsabilidad como servidores públicos y seguimos el curso de la inercia, seremos parte de ese sistema que ha mirado con indiferencia estas dolorosas realidades. Estamos a tiempo de honrar nuestra labor y construir el prestigio judicial cada vez más comprometido.
