*Mientras la 4T refuerza la seguridad, el gobierno de Salomón Jara normaliza el uso de vehículos decomisados para «alivianar» a sus alcaldes.
POR FERNANDO HOYOS
Mientras la Cuarta Transformación y la presidenta Claudia Sheinbaum aprietan tuercas en el combate frontal a la delincuencia, en el sur del país parece que leen otro manual.
En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara terminó por avalar y normalizar una práctica administrativa que resulta a todas luces indefendible.
Sin mayor empacho, el mandatario estatal reconoció que diversos vehículos asegurados por la Fiscalía fueron entregados de manera directa a funcionarios y alcaldes.
¿El argumento oficial para justificar este reparto de unidades? Una excusa tan llana como alarmante: se los dieron “porque los necesitaban”.
El verdadero problema de este episodio no radica únicamente en la crudeza de la confesión, sino en el desastroso mensaje institucional que se lanza a la sociedad.
Póngase en los zapatos de la víctima: un ciudadano de a pie rastrea por GPS el automóvil que le fue robado, con la esperanza de recuperar el fruto de su esfuerzo.
Al llegar a las coordenadas que marca su teléfono, descubre atónito que su vehículo patrimonial es conducido plácidamente por un servidor público.
No hay otra forma de llamarlo ni eufemismo burocrático que lo disfrace. Alguien, escudado en el fuero y la placa oficial, se está apropiando de lo que simple y sencillamente no es suyo.
Tras el lógico estallido mediático del escándalo, sobrevinieron los bomberazos de costumbre: el inicio de investigaciones internas, el anuncio apresurado de nuevos controles y la clásica promesa de no volverlo a hacer.
Un arrepentimiento institucional que asoma cuando el daño a la confianza ciudadana ya está hecho. Como bien se dice en la política y en las calles: a estas alturas, ya para qué.
