IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
Durante años, México presumió estabilidad macroeconómica como uno de sus principales activos frente al mundo. Baja inflación relativa, disciplina fiscal, autonomía del Banco de México y un manejo prudente de la deuda permitieron al país atravesar varias crisis internacionales sin desplomarse. Sin embargo, hoy el escenario comienza a cambiar de manera preocupante.
México no está todavía al borde de una quiebra económica ni enfrenta una crisis inmediata como la de 1994 o 1982. Pero sí se encuentra entrando en una zona de alto riesgo fiscal, crecimiento mediocre y pérdida gradual de margen financiero. Y quizá ese sea el mayor peligro, no un colapso abrupto, sino un deterioro lento y constante que termine debilitando la capacidad económica del país durante muchos años.
El problema central es que el gasto público mexicano se volvió cada vez más rígido. Hoy gran parte del presupuesto ya no puede moverse fácilmente porque está comprometido en programas sociales, pensiones, pago de deuda y rescates permanentes a Pemex.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió que para el Paquete Económico 2025 cerca del 80% del gasto ya estaba prácticamente comprometido. Eso significa que el gobierno tiene cada vez menos recursos disponibles para áreas estratégicas como infraestructura, salud, seguridad, innovación o educación superior.
En términos políticos, los programas sociales representan una enorme fortaleza electoral. Nadie puede negar que millones de personas reciben un apoyo que ayuda a aliviar carencias inmediatas. El problema es que, financieramente, el modelo comienza a mostrar señales de saturación.
Los Programas para el Bienestar ya representan alrededor de 850 mil millones de pesos, equivalentes a cerca del 2.3% del PIB. Además, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum amplió todavía más el número de beneficiarios. El resultado es que el gasto social se convirtió en una especie de “segunda nómina nacional”, cuyo costo crece año con año sin que existan nuevos ingresos suficientes para sostenerlo en el largo plazo.
A esto se suma un problema todavía más delicado, Pemex.
La petrolera dejó de ser hace tiempo el gran sostén financiero del Estado mexicano y se convirtió en uno de sus principales pasivos. La empresa enfrenta una combinación explosiva, deuda gigantesca, baja producción, refinerías poco rentables, costos elevados y necesidad permanente de apoyo gubernamental.
Cada rescate de Pemex implica menos recursos para otras áreas. Y aunque políticamente se insiste en mantener la narrativa de soberanía energética, financieramente el costo es enorme.
Por eso Moody’s redujo recientemente la calificación crediticia de México al último escalón del grado de inversión. El mensaje de los mercados fue claro, la preocupación ya no sólo es Pemex, sino la capacidad futura del Estado mexicano para sostener simultáneamente programas sociales crecientes, deuda pública, subsidios energéticos y bajo crecimiento económico.
Lo más preocupante es que México podría entrar en un ciclo muy difícil de romper, bajo crecimiento genera menos ingresos fiscales; menos ingresos obligan a más deuda; más deuda incrementa el pago de intereses; y eso reduce todavía más la capacidad de invertir en desarrollo productivo.
El Banco Mundial ya proyecta un crecimiento cercano a apenas 1.3% para 2026. Esa cifra es insuficiente para un país que necesita generar millones de empleos, reducir pobreza y aprovechar el nearshoring.
Porque incluso el fenómeno del nearshoring podría desperdiciarse parcialmente si México no mejora seguridad, energía, infraestructura, Estado de derecho y certeza jurídica. Las empresas internacionales no sólo buscan mano de obra barata; buscan estabilidad, electricidad suficiente, carreteras seguras y reglas claras.
Hoy el verdadero debate económico no debería centrarse únicamente en si los apoyos sociales deben existir o no. El reto es otro, cómo lograr que el gasto público también genere productividad y crecimiento.
Ninguna economía puede sostenerse indefinidamente repartiendo dinero mientras reduce inversión pública estratégica. Tarde o temprano las finanzas comienzan a tensarse.
México necesita al menos tres decisiones fundamentales:
Primero, una reforma fiscal seria que amplíe la base tributaria sin destruir inversión ni clase media.
Segundo, una reestructura real de Pemex, no sólo rescates temporales financiados con recursos públicos.
Y tercero, redirigir parte del gasto hacia infraestructura, seguridad, salud, tecnología, educación y desarrollo industrial.
De lo contrario, el país podría evitar una crisis espectacular, pero quedar atrapado durante años en una economía estancada, con crecimiento mediocre, inversión limitada y deterioro gradual de las finanzas públicas.
México no está quebrado. Pero sí está comenzando a gastar como si el margen fiscal fuera infinito. Y la historia económica demuestra que ningún país puede hacerlo eternamente sin consecuencias.
Comente u opine a:
cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
