Dr. Rafael Vela Martínez
De acuerdo con los diccionarios de la lengua de la Real Academia Española (RAE), la posverdad es la “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales.” Cuando el discurso oficial sustituye a la realidad; cuando la narrativa intenta imponerse sobre los hechos; cuando la propaganda busca ocultar el deterioro institucional, entonces ya no se gobierna desde la verdad, sino desde la manipulación de la percepción; y, lamentablemente, eso es precisamente lo que hoy ocurre en la Universidad Veracruzana (UV).
La crisis ya no puede ocultarse. Los testimonios de estudiantes y docentes son constantes: edificios con evidente deterioro estructural, aulas sin mantenimiento, filtraciones, laboratorios obsoletos, mobiliario dañado, carencia de equipamiento básico e internet, instalaciones eléctricas deficientes, sanitarios en malas condiciones, Institutos de investigación sin estacionamientos suficientes y funcionales, así como espacios académicos que simplemente dejaron de ser funcionales para una universidad del siglo XXI.
Pero el problema no es solo perceptivo: los propios datos del ORFIS evidencian el deterioro institucional. Entre 2021 y 2024, la Universidad Veracruzana acumuló subejercicios presupuestales por miles de millones de pesos, con montos que oscilaron entre 1,200 y casi 1,900 millones anuales. La pregunta es inevitable: ¿cómo justificar recursos no ejercidos mientras gran parte de la infraestructura universitaria se deteriora visiblemente? La pregunta se vuelve todavía más delicada cuando se observa que muchas facultades y entidades académicas continúan operando en condiciones precarias, mientras trabajadores universitarios registran ingresos inferiores al salario mínimo y académicos denuncian limitaciones crecientes para desarrollar actividades sustantivas de docencia e investigación.
Lo más grave es que este deterioro físico y administrativo ya representa riesgos reales para la integridad de la comunidad universitaria. Los acontecimientos registrados en Poza Rica durante las inundaciones pasadas dejaron al descubierto la vulnerabilidad de diversas instalaciones universitarias. Pero el problema no es exclusivo de esa región. Existen múltiples inmuebles universitarios cuyo estado físico requiere atención urgente. Y mientras la infraestructura envejece sin mantenimiento adecuado, desde la administración central se continúa promoviendo una narrativa triunfalista basada en discursos cuidadosamente construidos para aparentar normalidad. Esa es precisamente la lógica de la posverdad: hacer creer que las cosas marchan bien aunque la realidad demuestre lo contrario.
La gravedad aumenta cuando sectores gubernamentales y políticos reproducen el discurso oficial universitario, pese al creciente deterioro de la percepción social y la pérdida de competitividad de la UV en rankings internacionales. A ello se suma un dato alarmante: aunque Veracruz tiene más de un millón de habitantes indígenas (12.6% de la población estatal), la UV registra apenas alrededor de 994 estudiantes indígenas en una matrícula cercana a 68 mil alumnos, esto equivale aproximadamente al 1.45% de la matrícula total universitaria, evidenciando serias limitaciones de cobertura e inclusión educativa.
Y en medio de esta crisis emerge uno de los temas más delicados y preocupantes: la ilegal prórroga otorgada a Martín Aguilar Sánchez al frente de la Rectoría. Más allá del debate político, existe una discusión jurídica y ética que no puede seguir evadiéndose. La autonomía universitaria jamás puede interpretarse como patente de impunidad ni como facultad absoluta para violentar la normatividad interna. Ninguna institución pública puede colocarse por encima del principio de legalidad. Precisamente por ello, distintos sectores universitarios y ciudadanos han demandado la intervención y pronunciamiento no solamente del Congreso del Estado de Veracruz, sino también de autoridades federales y órganos jurisdiccionales competentes, ante un acto que para muchos especialistas constituye una abierta violación a la legislación universitaria.
El debate jurídico no es menor. El artículo 4 de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana establece con precisión las facultades de la Junta de Gobierno, entre las cuales se contempla la designación de Rector, nombramiento de interinos o sustitutos y aceptación de renuncias, pero no se establece expresamente la figura de “prórroga” del mandato rectoral. Bajo el principio constitucional de legalidad, las autoridades públicas solamente pueden hacer aquello que expresamente les permite la ley. Por ello, la controversia ha escalado incluso a tribunales federales mediante juicios de amparo y recursos legales promovidos por universitarios inconformes, quienes sostienen que se ha violentado el marco jurídico universitario.
Pero quizá lo más preocupante es que esta situación no afecta únicamente la disputa por un cargo administrativo; afecta directamente el futuro de generaciones completas de jóvenes veracruzanos. Miles de familias depositaron en la Universidad Veracruzana la esperanza de movilidad social de sus hijos. Para muchos estudiantes, particularmente aquellos provenientes de sectores populares o rurales, la UV representa la única posibilidad real de acceder a educación superior. Sus familias simplemente no tienen recursos para enviarlos a universidades privadas o a otras entidades federativas.
Mientras la UV enfrenta una crisis de legitimidad, infraestructura y credibilidad, Veracruz mantiene profundos rezagos sociales y económicos en más de 145 municipios que requieren una universidad fuerte y vinculada al desarrollo regional. Por ello, el deterioro de la UV no es un problema interno, sino un asunto de interés público. La Universidad Veracruzana no necesita propaganda, sino transparencia, legalidad, inversión y reconstrucción institucional. Porque tarde o temprano, la realidad termina imponiéndose sobre la POSVERDAD.
