El presidente municipal de Esperanza, Isaac N., fue detenido durante un operativo federal por su presunta relación con “Los Zúñiga”, organización delictiva señalada por autoridades como responsable de delitos cometidos en las autopistas México-Puebla y Puebla-Orizaba.
La captura ocurrió durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, como parte de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y corporaciones estatales.
El hecho fue confirmado este martes 8 de septiembre por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, durante la conferencia matutina del Gobierno de México.
De acuerdo con el funcionario federal, el alcalde estaría relacionado con una estructura dedicada presuntamente al robo de transporte, asaltos, extorsiones, secuestros y delincuencia organizada.
En el operativo fueron detenidas nueve personas, entre ellas Manuel N., hermano del alcalde; Abigail N., exdirectora de Seguridad Pública Municipal, e Isaac N., presidente municipal de Esperanza, quien llegó al cargo bajo las siglas de Morena.
Aseguran armas, drones y vehículos blindados
Durante las acciones realizadas en un inmueble relacionado con el edil, las autoridades aseguraron un importante arsenal compuesto por 40 armas de fuego, drones, equipos inhibidores de señal y vehículos con blindaje.
Según la información presentada por García Harfuch, Isaac N. tendría presuntos vínculos con la organización encabezada por Genaro “N”, detenido el pasado 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz.
Las autoridades federales identifican a “Los Zúñiga” como un grupo relacionado con el robo de vehículos de carga y mercancía, privación ilegal de la libertad y otros hechos violentos registrados principalmente en corredores carreteros de alta incidencia.
Entre las zonas señaladas se encuentran las autopistas México-Puebla y Puebla-Orizaba, consideradas rutas estratégicas para el transporte de mercancías.
La detención del alcalde y de las otras ocho personas forma parte de las acciones federales contra esta estructura delictiva. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos y esclarecer el grado de participación que presuntamente habría tenido cada uno.









