*La entidad registra el mayor repunte nacional en cobro de piso y extorsiones. Cuautla lidera la incidencia municipal mientras el gobierno estatal no logra contener una crisis que ahoga a comerciantes y empresarios.
POR DANIEL ROMERO
El panorama de seguridad en Morelos cerró la primera mitad del año en números rojos completamente alarmantes.
Las políticas implementadas por la administración de la gobernadora Margarita González Saravia enfrentan hoy una profunda crisis de credibilidad.
La extorsión despuntó de forma estrepitosa con un incremento del 114.4 por ciento frente a los registros del año pasado.
El cobro de piso y el asedio criminal rebasan a las autoridades, afectando a comerciantes, transportistas y familias enteras.
Cuautla y Yautepec, el epicentro del terror
El estado alcanzó una asfixiante tasa de 18.77 víctimas por cada cien mil habitantes, consolidándose como la cifra más elevada de todo el país.
La problemática golpea severamente los municipios, exhibiendo una operatividad delictiva que supera fácilmente los esfuerzos gubernamentales.
Cuautla se posicionó como la zona con mayor incidencia a nivel nacional, al superar la abrumadora barrera de las 61.1 víctimas por cada cien mil pobladores.
Estos datos han sido avalados y presentados en el reciente informe del Monitor de Seguridad de Coparmex.
Yautepec no se queda atrás, ocupando el tercer puesto nacional en este rubro con una tasa sumamente crítica de incidencia.
La escalada confirma que la amenaza dejó de limitarse a simples llamadas de fraude para convertirse en un agresivo control territorial.
Cifra negra y nula efectividad institucional
El sector empresarial advierte con extrema preocupación que las alarmantes cifras oficiales representan apenas una pequeña fracción del problema real.
A esto se suma que la cifra negra en la entidad ronda el 96 por ciento de los casos, manteniendo el fenómeno en la total impunidad.
El terror generalizado y la enorme desconfianza ciudadana provocan que cientos de víctimas prefieran guardar silencio absoluto antes que denunciar.
A pesar de las modificaciones al Código Penal estatal, las reformas continúan siendo letra muerta ante la severa ineficacia institucional.
Otro gran pendiente operativo es la inoperancia de los inhibidores de señal al interior de los centros penitenciarios del estado.
Desde las celdas, los delincuentes continúan utilizando medios de comunicación para coordinar ataques y cobros con total libertad.
La exigencia pública es contundente: Morelos necesita resultados urgentes y verificables frente a un delito que destruye aceleradamente la economía local.
