Las capturas llegaron. La tranquilidad, no.
Es cierto que la reciente detención de tres presuntos responsables del atentado contra la precandidata de Yautepec, Sandra Fernández, representa un respiro y un avance ministerial. Sin embargo, este logro de escritorio no modifica el dato más revelador y doloroso para la actualidad del estado.
Bajo la conducción de la gobernadora Margarita González Saravia, la entidad ha cruzado una línea de no retorno. El crimen organizado demostró de qué está hecho al ser capaz de convertir un evento familiar, como lo fue una transmisión pública del Mundial, en el sangriento escenario de una ejecución múltiple.
El saldo de dos muertos y nueve heridos no es solo una carpeta de investigación más. Aunque las indagatorias avancen, este brutal golpe ya expuso la asombrosa capacidad de los grupos criminales para desafiar al Estado a plena luz del día y en espacios públicos. Lo que antes resultaba inimaginable, hoy es la cuota de sangre cotidiana.
Esta tragedia obliga a poner el dedo en la llaga sobre un tema que desde el Ejecutivo estatal se busca minimizar. A casi dos años de haber iniciado su gobierno, la pregunta retumba en cada rincón de la entidad: ¿cuántos alcaldes de Morelos han sido asesinados o terminan detenidos sin que la gobernadora emprenda acciones contundentes?
La cifra de autoridades locales abatidas por las balas o arrastradas por la justicia es una alarma encendida. Este goteo incesante de ediles caídos deja en evidencia que la llamada estrategia integral de seguridad es, a todas luces, un rotundo fracaso.
Morelos es hoy un polvorín donde la narcopolítica y el terror público dictan la agenda. Mientras los grupos delictivos imponen su ley en las calles y en los palacios municipales, la ciudadanía sigue esperando que alguien tome verdaderamente el timón del estado para frenar la impunidad.
