La liberación de “El Güero Gym” exhibe las grietas de una estrategia que no logra contener al crimen organizado.
POR MANUEL FLORES
Morelos vuelve a encender las alarmas. La liberación de José David “N”, alias El Güero Gym, presunto integrante del grupo criminal Pueblos Unidos, después de que tres colaboradores de la Fiscalía estatal fueran privados de su libertad, deja una pregunta incómoda para la gobernadora Margarita González Saravia: ¿quién tiene hoy el control de la seguridad en la entidad?
Los hechos ocurrieron el lunes 12 de octubre en Totolapan. Durante un operativo, autoridades estatales detuvieron al presunto generador de violencia. Horas después, integrantes de una célula delictiva retuvieron a tres trabajadores de la Fiscalía Regional Oriente y exigieron su liberación. Hubo bloqueos carreteros, vehículos incendiados y una jornada de tensión que exhibió la capacidad de reacción del grupo criminal.
La respuesta institucional fue entregar al detenido para recuperar a los agentes. Los tres trabajadores quedaron en libertad alrededor de las 19:35 horas, aunque se reportaron lesiones y uno de ellos tuvo que ser hospitalizado.
La Fiscalía defendió la decisión bajo el argumento de que la vida de su personal era prioritaria. Su titular, Fernando Blumenkron Escobar, sostuvo que la medida se tomó conforme a los protocolos de atención a secuestros. También explicó que El Güero Gym había sido detenido por un delito contra la salud que no ameritaba prisión preventiva oficiosa y que, según la dependencia, no tenía una orden de aprehensión vigente. Así lo consignaron N+, El País e Infobae en sus reportes del 13 de octubre.
Salvar a los agentes era indispensable. Nadie puede exigir que las autoridades sacrifiquen vidas para sostener una detención. Pero una cosa es proteger a los servidores públicos y otra muy distinta permitir que una operación de seguridad termine con un presunto objetivo criminal nuevamente en libertad, sin que la ciudadanía reciba explicaciones suficientes sobre las medidas adoptadas para impedir que el caso quede impune.
Ahí está el problema político para Margarita González Saravia. Aunque la Fiscalía tiene autonomía institucional y la decisión operativa no puede atribuirse automáticamente a la gobernadora, la seguridad pública sí constituye una de las principales responsabilidades de su administración. La mandataria debe explicar qué está fallando en la coordinación, la prevención del delito y la capacidad del Estado para responder ante organizaciones que recurren a la violencia para presionar a las autoridades.
Y no se trata de un episodio aislado. En julio pasado, el Gobierno federal informó que había desplegado 394 elementos y 79 unidades de seguridad en 14 colonias de Cuautla mediante el Plan Cuautla, precisamente para combatir homicidios, extorsiones y cobro de piso. El despliegue revela la dimensión del desafío que enfrenta la región y la necesidad de resultados verificables, más allá de los anuncios oficiales.
La extorsión y el cobro de piso golpean a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios. Cuando trabajar significa arriesgar el patrimonio o la propia vida, la población no necesita discursos tranquilizadores: exige policías confiables, investigaciones eficaces y delincuentes llevados ante los tribunales.
A esta crisis se suma el reporte de la muerte de cuatro elementos de la Guardia Nacional en un accidente carretero, hecho que requiere esclarecerse con información oficial y una investigación transparente. Las circunstancias de ese suceso no deben confundirse con las responsabilidades ya conocidas en el caso de Totolapan.
La gobernadora no puede desentenderse de este panorama. Su administración debe informar qué acciones concretas ha emprendido para frenar la violencia, cuáles han sido sus resultados y qué mecanismos existen para evitar que grupos criminales impongan condiciones mediante amenazas y privaciones ilegales de la libertad.
La liberación de El Güero Gym dejó una imagen difícil de borrar: un detenido sale libre después de que presuntos integrantes de su entorno retienen a tres trabajadores de la Fiscalía. Aunque la decisión se haya justificado como una medida para salvar vidas, el episodio plantea un serio problema de autoridad y obliga a revisar los protocolos, la capacidad operativa y las consecuencias judiciales.
Margarita González Saravia tiene ante sí una exigencia que no admite propaganda: demostrar que el Estado puede proteger a sus trabajadores y a la población, investigar los delitos y llevar ante la justicia a quienes amenazan la paz pública.
Si la violencia dicta las condiciones y las instituciones tienen que explicar por qué entregaron a un detenido, la ciudadanía merece respuestas claras. En Morelos no basta con decir que se protege la vida: también hay que demostrar que la ley puede hacerse cumplir.
Morelos de rodillas: cuando el Estado pacta y arrodilla la ley ante el crimen
La reciente y vergonzosa liberación de José David Vergara, alias El Güero Gym —segundo al mando del grupo criminal Pueblos Unidos— tras una jornada de terror con narcobloqueos y secuestros de agentes en Totolapan, desnuda la absoluta incapacidad y la fallida estrategia de seguridad de la gobernadora Margarita González Saravia.
Bajo su administración, Morelos vive su hora más crítica. Con cerca de 700 muertes violentas acumuladas en el año y ocho de cada diez ciudadanos sintiéndose vulnerables, el gobierno estatal optó por la ruta más indignante: la sumisión. Justificar la entrega de un operador criminal bajo el pretexto de «salvar vidas» no es prudencia, es una capitulación que expone la nula autoridad del Ejecutivo frente al crimen organizado.
La coartada institucional se derrumbó entre declaraciones enrevesadas de la fiscalía y omisiones sobre órdenes de aprehensión vigentes. Mientras los criminales incendian carreteras y doblegan a las corporaciones, la mandataria estatal demuestra que la gobernabilidad en el estado está frágil y fracturada.
Entregar a un objetivo prioritario a cambio de rehenes manda un mensaje devastador: en Morelos la ley se negocia y el narco manda. Urge un viraje drástico antes de que la impunidad termine por sepultar por completo lo que queda del Estado de derecho.
