La informalidad que nos come
Carlos Miguel Acosta Bravo
En julio de 2026, el mercado laboral mexicano dio una señal de alarma que no puede ignorarse. Un millón de personas se incorporaron a la informalidad, llevando la tasa al 56.2% de la población ocupada, el nivel más alto desde diciembre de 2021. Detrás de esa cifra hay 34.1 millones de trabajadores sin contratos, sin prestaciones y sin seguridad social, que ganan en promedio 45% menos que sus contrapartes formales.
Este no es un dato menor. Es el síntoma de un modelo económico que genera ocupación, sí, pero de mala calidad. Un modelo donde el empleo formal se contrae y la informalidad se expande como única válvula de escape para millones de hogares que necesitan sobrevivir.
Los números de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI son elocuentes 34.1 millones de mexicanos trabajaban en la informalidad en julio, equivalentes al 56.2% de los 60.8 millones de personas ocupadas. En un solo mes, la informalidad creció en 1.084 millones de trabajadores, mientras el sector formal perdió 412,889 plazas.
La totalidad del empleo neto creado en julio 670,991 puestos fue informal. La tasa de informalidad subió de 55.02% en junio a 56.20% en julio, su mayor nivel en casi cinco años. Traducido a lenguaje cotidiano, de cada 10 mexicanos que consiguieron trabajo en julio, prácticamente todos cayeron en la informalidad. Y de cada 10 trabajadores en el país, seis no tienen protección laboral.
La informalidad no solo significa falta de prestaciones, significa salarios más bajos. En el primer trimestre de 2026, un trabajador informal ganó en promedio 8,364 pesos mensuales, mientras que un trabajador formal obtuvo 15,204 pesos. La diferencia 6,840 pesos menos al mes para quien está en la informalidad.
Esa brecha de 45% tiene consecuencias directas en la vida de millones de familias, menos capacidad para comprar alimentos, pagar servicios o invertir en educación. Imposibilidad de ahorrar para emergencias o el retiro. Vulnerabilidad total ante enfermedades, accidentes o la vejez, sin IMSS ni pensiones.
Cuando un millón de personas más se suman a este universo en un solo mes, el impacto se multiplica, es un millón de hogares más con ingresos precarios y sin redes de protección.
La informalidad no solo afecta a los trabajadores, frena al país entero. Los empleos informales se concentran en micronegocios no registrados, comercio ambulante y actividades de baja tecnología, donde no hay economías de escala. El acceso a crédito y tecnología es limitado o nulo. La capacitación y especialización son escasas.
Una economía donde más de la mitad de los trabajadores opera en estas condiciones tiene menor capacidad para competir internacionalmente, innovar y generar valor agregado. En otras palabras, la informalidad nos hace menos productivos como nación.
La informalidad también erosiona las finanzas públicas. Los trabajadores informales no cotizan al IMSS ni pagan impuestos sobre la renta de manera regular, lo que significa menor recaudación fiscal para el gobierno federal y estatal. Mayor presión sobre programas sociales, ya que los hogares informales son más vulnerables y requieren más apoyo. Menos recursos para inversión en infraestructura, educación y seguridad.
En un contexto donde México ya enfrenta presiones fiscales por el rescate a PEMEX y otros compromisos, la expansión de la informalidad reduce aún más el margen de maniobra del gobierno. Es un círculo vicioso, menor recaudación significa menos capacidad para invertir en políticas que podrían reducir la informalidad.
Aquí viene la paradoja, la tasa de desempleo en julio fue de apenas 2.9%, una cifra que en apariencia sugiere un mercado laboral saludable.
Pero ese dato oculta la realidad, el empleo que se crea es de mala calidad. El desempleo bajo puede dar una falsa sensación de salud laboral. La verdadera medida del problema está en la calidad del empleo, no solo en si las personas están ocupadas o no. México no tiene un problema de desempleo. Tiene un problema de subempleo y precarización.
El crecimiento de la informalidad en julio no es un fenómeno aislado. Responde a factores estructurales y coyunturales, Desaceleración económica. La incertidumbre comercial y el crecimiento moderado del PIB limitan la creación de empleos formales.
Rigideces regulatorias, los costos de formalización (registro, impuestos, cumplimiento normativo) siguen siendo altos para micronegocios.
Falta de incentivos, no hay suficientes estímulos fiscales o crediticios para que los negocios informales se formalicen. Migración de trabajadores desplazados, personas que pierden empleos formales se incorporan rápidamente a la informalidad como estrategia de supervivencia.
Si esta tendencia se consolida, México enfrenta varios riesgos. Estancamiento de ingresos reales, con más trabajadores en empleos de baja productividad y salarios reducidos, el crecimiento del ingreso promedio se frenará. Mayor desigualdad, la brecha entre trabajadores formales e informales se ampliará, afectando la cohesión social.
Limitaciones para el crecimiento económico, una fuerza laboral mayoritariamente informal no puede sostener un modelo de crecimiento basado en innovación y valor agregado.
Presión política, la percepción de que el gobierno no genera empleos de calidad puede erosionar la confianza en las instituciones. Revertir esta tendencia requiere políticas públicas integrales. Los expertos sugieren, simplificar la formalización, reducir trámites y costos para que micronegocios puedan registrarse fácilmente. Incentivos fiscales temporales, ofrecer reducciones de impuestos o subsidios a empresas que se formalicen y contraten formalmente.
Acceso a crédito, facilitar financiamiento a tasas preferenciales para negocios informales que se formalicen. Fortalecer la inspección laboral, asegurar que las empresas cumplan con obligaciones laborales sin asfixiar a los pequeños negocios. Programas de capacitación para mejorar las habilidades de los trabajadores informales para que puedan acceder a empleos formales de mayor calidad.
El aumento de un millón de personas en la informalidad laboral en julio no es solo un dato estadístico, es una señal de alarma sobre la calidad del crecimiento económico de México.
Un mercado laboral donde seis de cada diez trabajadores están en la informalidad es un mercado que precariza ingresos, limita la productividad, disminuye la recaudación fiscal y frena el desarrollo. Sin políticas públicas que ataquen las causas estructurales de la informalidad, México corre el riesgo de consolidar un modelo de «empleo sin calidad», donde las cifras de ocupación ocultan una realidad de vulnerabilidad y estancamiento para millones de hogares.
La pregunta no es si podemos permitirnos actuar. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo.
