IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
El caso de Ernesto Ruffo Appel ya dejó de ser únicamente el expediente penal de un exgobernador. Hoy representa una prueba de fuego para la justicia mexicana y, al mismo tiempo, para la credibilidad tanto del gobierno como de la oposición.
Ruffo no es un político cualquiera. Fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, símbolo de la transición democrática y una figura emblemática del Partido Acción Nacional. Por eso, cualquier acción judicial en su contra inevitablemente adquiere una dimensión política. Sin embargo, precisamente ahí radica el mayor riesgo, permitir que el debate político sustituya al debate jurídico.
Hasta este momento, Ernesto Ruffo enfrenta una acusación, no una sentencia. Esa diferencia parece sencilla, pero en los tiempos actuales suele perderse entre titulares, redes sociales y posicionamientos partidistas. La presunción de inocencia no es una concesión para los acusados; es una garantía constitucional que protege a cualquier ciudadano, independientemente de su cargo, apellido o militancia política.
Lo mismo ocurre con las cifras que han llamado la atención pública respecto a Ingemar, la empresa vinculada al exgobernador. Que una compañía haya nacido con un capital relativamente modesto y años después reporte operaciones por miles de millones de pesos puede despertar sospechas legítimas, pero no constituye por sí mismo una prueba de delito. En México existen empresas que han multiplicado su valor de manera legal y otras que han utilizado estructuras ilícitas para hacerlo. La diferencia no la determina el tamaño de las utilidades, sino la forma en que fueron obtenidas.
Ahí es donde la Fiscalía enfrenta su verdadero desafío. No bastará con presentar estados financieros voluminosos o movimientos bancarios llamativos. Tendrá que demostrar, con pruebas sólidas, que existieron operaciones ilegales relacionadas con el llamado «huachicol fiscal», que hubo evasión de impuestos o contrabando de combustibles y, sobre todo, que Ernesto Ruffo participó de manera consciente en esos hechos. En materia penal, la responsabilidad nunca puede presumirse; debe acreditarse.
Otro tema que ha alimentado la discusión pública es el relacionado con el juez que finalmente otorgó la orden de aprehensión, después de que otro juzgador presuntamente la negara. Algunos sectores lo presentan como evidencia de una persecución política, mientras otros sostienen que simplemente se trata del funcionamiento normal del sistema judicial.
La realidad es que la existencia de criterios distintos entre jueces no constituye, por sí misma, una irregularidad. Los órganos jurisdiccionales interpretan la ley y valoran los elementos de prueba, y es perfectamente posible que dos jueces lleguen a conclusiones diferentes. Si la defensa considera que existieron violaciones procesales, cuenta con mecanismos legales para combatirlas. Esa es precisamente la esencia del Estado de derecho.
Naturalmente, la oposición ha salido en defensa de Ruffo. Voces del PAN, de Somos México e incluso los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón han cuestionado el proceso y sugieren una posible motivación política. Es una postura comprensible dentro del debate democrático, pero también exige responsabilidad. Acusar persecución política requiere pruebas, del mismo modo que acusar a una persona de delincuencia organizada también exige evidencia contundente. Ninguna de las dos afirmaciones puede sostenerse únicamente con discursos.
En este sentido, el juicio será el único espacio donde realmente se pondrá a prueba la fortaleza del caso. Ahí deberá observarse si la Fiscalía presenta pruebas obtenidas legalmente, si la defensa tiene acceso pleno a la carpeta de investigación, si las resoluciones judiciales están debidamente fundamentadas y si existe igualdad entre las partes. Si alguno de estos principios se vulnera, la legitimidad del proceso inevitablemente quedará bajo cuestionamiento.
El desenlace puede tomar distintos caminos. Si las autoridades logran acreditar plenamente los delitos, el caso enviará un mensaje de que la ley puede alcanzar incluso a quienes durante décadas ocuparon los más altos cargos públicos. Si, por el contrario, las pruebas resultan insuficientes y Ruffo obtiene su libertad, también deberá respetarse esa resolución, porque la justicia no consiste en condenar a toda costa, sino en resolver conforme a derecho. Y si durante el procedimiento aparecen irregularidades procesales, corresponderá a los tribunales corregirlas mediante los recursos previstos por la ley.
Más allá del futuro jurídico del exgobernador, este caso marcará un precedente para México. Será observado por ciudadanos, empresarios, inversionistas y organismos internacionales como un indicador sobre la capacidad de las instituciones para investigar a personajes de alto perfil sin ceder a presiones políticas ni fabricar culpables.
Al final, el verdadero juicio no será únicamente contra Ernesto Ruffo Appel. También estará en el banquillo el sistema de justicia mexicano, especialmente después de la elección de miembros del poder judicial y del controvertido caso de la tómbola. Su credibilidad dependerá de demostrar que las sentencias se construyen con pruebas y no con discursos, que las decisiones judiciales se basan en la ley y no en intereses partidistas, y que el debido proceso sigue siendo el pilar fundamental de un auténtico Estado de derecho.
Porque la democracia no se fortalece cuando un político es detenido, sino cuando cualquier ciudadano —sea oficialista u opositor— tiene la certeza de que será juzgado únicamente por las pruebas que existan en su contra y nunca por la fuerza de las narrativas que lo rodean.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
