Por Juan Pablo Becerra-Acosta M.
Hago más explícita la pregunta: ¿por qué secuestraron el pasado 2 de junio y asesinaron en Veracruz —su lugar de residencia— a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, reportera y directora de Pulso Informativo del Sureste? Sus restos fueron localizados semanas después y finalmente sepultados por familiares y amigos el martes pasado.
Ha transcurrido más de un mes desde su desaparición. ¿No ha pasado tiempo suficiente para conocer con precisión el móvil del crimen? La respuesta resulta indispensable porque de ella se desprende otra pregunta de fondo: ¿de qué deben cuidarse hoy las y los periodistas veracruzanos? ¿Sólo del crimen organizado o también de autoridades municipales y funcionarios públicos?
Por eso insisto: ¿quién puede informar con absoluta certeza por qué fue privada de la libertad en su domicilio, ubicado en Nanchital? ¿Por qué fue golpeada, torturada y posteriormente calcinada parcialmente, como reveló Héctor de Mauleón en estas páginas? ¿Quién responderá con claridad?
La insistencia tiene una razón. El 15 de junio, apenas dos semanas después de la desaparición de Roxana Berenice, la gobernadora Rocío Nahle afirmó categóricamente que el secuestro «no fue por su trabajo». Si esa conclusión ya existía desde entonces, hoy tendría que explicar cuál fue el verdadero motivo del asesinato, sobre todo cuando las investigaciones apuntan hacia un grupo criminal que, presuntamente, recibía protección de policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
No podemos seguir normalizando el asesinato de periodistas. Es indispensable conocer por qué mataron a nuestra colega. Sólo así podrá dimensionarse el riesgo real que enfrentan quienes ejercen el periodismo en Veracruz y diseñarse mecanismos eficaces para protegerlos. La impunidad comienza cuando las preguntas esenciales nunca encuentran respuesta.
¿Qué tiene que decir la gobernadora? ¿Qué informa la Fiscalía General del Estado? ¿Qué avances presenta ahora la Fiscalía General de la República, que decidió atraer el caso?
Vale la pena recordar una realidad que ninguna autoridad debería minimizar. Veracruz continúa siendo una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México. Organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión han documentado durante años un largo historial de agresiones y asesinatos contra comunicadores. Tan sólo en lo que va de este siglo, más de treinta periodistas han sido asesinados en la entidad.
Es cierto que durante el gobierno de Javier Duarte ocurrió la etapa más sangrienta, con 18 homicidios de periodistas entre 2010 y 2016. Pero la pregunta sigue siendo igual de incómoda: ¿qué democracia puede presumir estabilidad cuando, en promedio, un periodista pierde la vida cada año? ¿En qué región de Chile, Argentina, España, Canadá o Estados Unidos ocurre semejante tragedia de manera sistemática?
Las y los periodistas que todos los días informan desde Veracruz tienen derecho a conocer con detalle qué originó el brutal asesinato de Roxana Berenice. Saberlo no cambiará el dolor de su familia, pero sí puede ayudar a prevenir nuevas tragedias y evitar que todo vuelva a diluirse entre la vaguedad, el silencio y los expedientes inconclusos.
La incertidumbre recuerda otros casos que permanecen sin respuestas satisfactorias. Ahí está el atentado contra mi amigo Ciro Gómez Leyva. Hasta donde se conoce públicamente, aún persisten interrogantes sobre quién ordenó asesinarlo y cuáles fueron las motivaciones detrás del ataque.
Por eso vuelvo a preguntar, ahora también a la FGR: a partir del caso de Roxana Berenice, ¿de qué deben cuidarse las y los periodistas veracruzanos? ¿Cómo piensan protegerlos el gobierno federal y el estatal? ¿Qué acciones concretas implementarán para impedir que el crimen organizado siga actuando con semejante capacidad de intimidación e impunidad?
Desde hace décadas, Veracruz enfrenta una realidad marcada por la violencia criminal. Sin embargo, este caso añade un elemento particularmente alarmante. Las primeras investigaciones señalan que al menos tres policías municipales no sólo brindaban protección a la organización delictiva identificada como Grupo Sombra o Mafia Veracruzana —según la información publicada por Héctor de Mauleón—, sino que incluso colaboraban directamente con sus integrantes.
Frente a ese panorama, resulta insuficiente afirmar, como hizo la gobernadora en conferencia de prensa, que en Veracruz existe «completa libertad de expresión» y que «de ninguna manera se reprime a quienes la ejercen».
Ojalá fuera así.
Porque, al parecer, el crimen organizado y los servidores públicos que presuntamente colaboran con él nunca recibieron ese mensaje.
Y mientras las autoridades no respondan con hechos, la pregunta seguirá siendo la misma:
¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?
