• Servidores públicos saquean el presupuesto con adjudicaciones directa, sobreprecios descarados y nómina de aviadores en Espacios Educativo
Irineo Pérez Melo.- El Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEEV) se ha convertido en el sitio ideal para la operación de una red de servidores públicos que se han dedicado a saquear el presupuesto de esta institución a través de adjudicaciones directas, sobreprecios descarados y una nómina plagada de “aviadores”, todo esto en el 2025.
Esta situación ha propiciado que el discurso oficial de la austeridad y honestidad que pregona el gobierno de la Cuarta Transformación sea letra muerta, toda vez que José Ramón Alor Sánchez, encargado de la Consultoría de Acuerdos y Seguimiento (quien anteriormente se desempeñó como Secretario Técnico) y la maestra Sandra Torres López, subdirectora Administrativa, son quienes se mencionan como los principales instigadores de estas irregularidades.
Ambos personajes llegaron cobijados por la administración del ingeniero Carlos Alfonso Smith Graillet y en tiempo récord han tejido una red de beneficios para empresas selectas.
De acuerdo con la auditoría ciudadana y reportes internos exponen cómo se reparte el dinero de las y los veracruzanos: la empresa Ingram Ingeniería S. A. de C. V., fue beneficiada con el contrato IEEV-FAMB-2025-006 para la construcción de un edificio en una escuela primaria en Huatusco. El monto asignado fue de $5,785,607.60. Lo indignante es que ya se les entregó un jugoso anticipo de $1,735,682.28 pesos y la obra no se ha ejecutado.
Además, el Grupo Olsaec de R. L. de C. V. (en el Instituto se le designa como el descaro de la Navidad), ya que la Subdirección Administrativa facturó la compra de 235 piernas navideñas de 5 kg por un total de $135,125.00 pesos (calculando el kilo a $115 pesos). Sin embargo, una revisión de precios al público en general demostró que el costo real por kilo es de $59 pesos. El valor real debió ser de $69,325.00 pesos. ¿Dónde quedaron los $65,800.00 de sobreprecio? Se cuestiona
Asimismo, Recolsa Constructora y Comercializadora S. A. de C. V., recibió $135,000.00 por el mantenimiento de solo 9 equipos de aire acondicionado, sumando otros $14,997.45 pesos en supuestas refacciones y herramientas.
De igual manera, Negocios Poliva, S. A., de C. V: obtuvo contratos de arrendamiento de vehículos por $40,000.00 pesos en periodos sospechosamente cortos de mayo y julio de 2025 y el Taller mecánico Romsa e Industria Mueblera 4G, S. A. de C. V., registradas en la lista de empresas «favoritas» bajo el cobijo de estos funcionarios.
El desvío no solo es en contratos, sino también en el pago de favores políticos. Se denuncia una lista de personal contratado por «Servicios Profesionales» que cobra puntualmente sin devengar la función de forma física: Salarios de $32,830.19 pesos mensuales, señalando a José Luis Paredes Plaza, Susana Paredes Núñez, Daher Abuchard Kuri y Oscar Antonio Martínez.
También salarios de $21,886.79 pesos mensuales que cobran sin hacer nada Ana Josefina Bello Jiménez y Raúl Ricardo Rodríguez Brito
Ante esta situación se hace un llamado a la gobernadora Rocio Nahle García, así como a las autoridades estatales, a la Contraloría General del Estado y al ORFIS para que intervengan de inmediato. Se requiere una auditoría profunda, el cese inmediato y la inhabilitación de José Ramón Alor Sánchez y Sandra Torres López.
Es alarmante que en pleno 2026 se sigan implementando estas viejas y podridas prácticas de corrupción, operando a espaldas del Director General Actual del Instituto.
