• Actualiza la LXVII Legislatura el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; impone hasta dos años de prisión.
El Congreso de Veracruz incorporó en la legislación estatal el delito de acecho como contrario a la libertad, definir un tipo penal con elementos objetivos y verificables, establecer agravantes proporcionales y reconocer el acecho como una forma de violencia contra las mujeres.
El Pleno de la LXVII Legislatura otorgó 42 votos a favor al dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género, que deriva de dos iniciativas con Proyecto de Decreto, para actualizar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentadas por las diputadas Montserrat Ortega Ruiz, la primera, y Astrid Sánchez Moguel, Naomi Edith Gómez Santos, Tanya Carola Viveros Cházaro y Dorheny García Cayetano, la segunda.
El dictamen precisa que el acecho se presenta cuando una persona vigila, persigue, busca acercarse o intenta establecer contacto con otra en contra de su voluntad y de forma reiterada, generando temor o afectando su libertad y seguridad; conducta que puede anteceder a delitos más graves y compromete la integridad de las personas, así como los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad y no discriminación.
El acecho, además, afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad, y así lo reconocen ambas iniciativas.
Las penas, de seis meses a dos años de prisión y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para el tipo básico, guardan proporción con la gravedad de la conducta y con las previstas para los delitos del mismo Título III, como la coacción y las amenazas de los artículos 172 y 173, sancionadas con idéntico rango de prisión.
De la iniciativa presentada por la diputada Montserrat Ortega Ruiz, las comisiones dictaminadoras retoman la búsqueda de cercanía física, el contacto por cualquier vía y la necesidad de prever medidas penales proporcionales frente a los supuestos de mayor reproche.
Las integrantes del Grupo Legislativo de Morena aportan al dictamen la incorporación del delito de acecho al Código Penal, su sistema de sanciones y agravantes, las reglas de querella y la adición de la violencia por acecho a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; sobre esa estructura se integran los aportes de la iniciativa de la legisladora Montserrat Ortega Ruiz.
Pronunciamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Dorheny García Cayetano respaldó el dictamen y afirmó que “la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino una problemática persistente que exige respuestas firmes, oportunas y eficaces por parte del Estado”.
Dijo que tipificar el delito de acecho es “reconocer su existencia, visibilizar el daño que provoca y brindar a las víctimas herramientas efectivas para acceder a la justicia” y “representa un paso firme hacia el reconocimiento de una forma de violencia que no debe permanecer en la invisibilidad ni en la impunidad”.
La diputada Roxana Barragán Hernández expresó el respaldo del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al dictamen al considerar que reconocer el acecho en la legislación estatal permite nombrarlo dentro de la política pública de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. “Veracruz tiene que reconocer esa realidad con una normal clara, proporcional y útil para la vida cotidiana”, agregó.
La legisladora Montserrat Ortega Ruiz manifestó su voto a favor de esta reforma por representar un avance en la protección de las personas y señaló los alcances y límites del dictamen por dejar de lado supuestos de elementos importantes en el tipo penal de acecho y hostigamiento y por omitir consideraciones presentadas en una de las iniciativas.
A su vez, la diputada María Elena Córdova Molina expresó la urgencia de contar con “herramientas para proteger a las mujeres antes de que una amenaza se convierta en una tragedia” y la necesidad de “actuar a tiempo, otorgar a las autoridades las atribuciones necesarias para intervenir ante amenazas inminentes para prevenir, investigar y sancionar”.
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