Impronta
Carlos Miguel Acosta Bravo
Uno de los cambios más notorios en los primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la transformación de la política de seguridad respecto al sexenio anterior. Más allá de las diferencias discursivas, los hechos comienzan a mostrar una estrategia con prioridades distintas, particularmente en el combate a las estructuras criminales y a las redes de protección institucional.
Durante años, la frase «abrazos, no balazos», asociada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, marcó el debate nacional sobre seguridad. Sus defensores argumentaban que era necesario atender las causas sociales de la violencia; sus críticos sostenían que el Estado había reducido la presión sobre los grupos criminales. Hoy, los indicadores y las acciones gubernamentales parecen apuntar hacia una ruta diferente.
La reducción del índice de homicidios de 96.6 a 50.4 constituye uno de los datos más relevantes que el gobierno federal presenta como evidencia de resultados. Si bien el desafío de la violencia sigue siendo enorme en diversas regiones del país, la tendencia muestra una disminución significativa que difícilmente puede ignorarse dentro del análisis político y de seguridad.
Pero quizás el mensaje más importante no está únicamente en las cifras, sino en las acciones operativas. La denominada Operación Enjambre ha representado un hecho inédito por el alcance de las investigaciones y detenciones contra servidores públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales. La captura de funcionarios y presidentes municipales envía una señal clara, el objetivo ya no se limita a perseguir a los integrantes de los cárteles, sino también a quienes desde las instituciones podrían facilitar o proteger sus actividades.
A ello se suma la destrucción de más de 2 mil 400 laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetaminas. Este dato resulta particularmente relevante porque golpea directamente la capacidad financiera y logística de las organizaciones criminales. Destruir laboratorios implica afectar la cadena de producción, el abastecimiento y las ganancias de los grupos delictivos, algo que durante años fue una de las principales exigencias de especialistas en seguridad.
La combinación de estos elementos permite observar un cambio de enfoque. Mientras la estrategia anterior priorizaba la atención de las causas sociales y evitaba una confrontación directa como eje central de la política pública, la administración de Sheinbaum parece apostar por una mayor presión operativa contra las estructuras criminales, sus fuentes de financiamiento y sus posibles vínculos políticos.
Aún es temprano para emitir un juicio definitivo sobre los resultados de largo plazo. Sin embargo, las cifras de homicidios, la Operación Enjambre y el desmantelamiento masivo de laboratorios muestran que México atraviesa una etapa distinta en materia de seguridad. La principal pregunta ya no es si existe un cambio de estrategia, sino si este nuevo modelo será capaz de consolidar una reducción sostenida de la violencia y recuperar territorios donde durante años el crimen organizado mantuvo una influencia considerable.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
