IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La política moderna no se mueve únicamente por sentencias judiciales o pruebas concluyentes. En muchas ocasiones, la percepción pública termina generando consecuencias tan profundas como los propios hechos. Eso explica por qué el eventual retiro de visas estadounidenses a figuras relevantes de Morena podría convertirse en uno de los desafíos políticos más delicados para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es importante partir de una premisa fundamental, la cancelación de una visa por parte de Estados Unidos no constituye una declaración de culpabilidad ni una condena judicial. Se trata de una facultad soberana del gobierno estadounidense para decidir quién puede ingresar a su territorio. Sin embargo, en el terreno político, la interpretación pública suele ser distinta.
Cuando los nombres involucrados corresponden a gobernadores en funciones o a personajes de alto peso político dentro del partido gobernante, como Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Marina del Pilar Ávila o el senador Adán Augusto López Hernández, el asunto deja de ser exclusivamente administrativo para convertirse en un problema de imagen y percepción.
Desde su llegada al poder en 2018, Morena construyó buena parte de su legitimidad política alrededor de una narrativa clara, representar una ruptura con los viejos esquemas de corrupción e impunidad que, según su discurso, caracterizaron a gobiernos anteriores. Esa bandera le permitió consolidar una amplia base electoral y convertirse en la principal fuerza política del país.
Sin embargo, cuando figuras cercanas al movimiento aparecen bajo el escrutinio de agencias estadounidenses o son objeto de medidas migratorias extraordinarias, la oposición encuentra una oportunidad para cuestionar precisamente uno de los pilares discursivos más importantes del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.
El problema para Morena no radica necesariamente en que existan pruebas públicas o procesos judiciales en curso. El verdadero riesgo está en que se instale la duda. En política, la sospecha reiterada puede convertirse en un factor de desgaste incluso cuando no se traduce en responsabilidades legales.
A ello se suma el impacto internacional. Los inversionistas, organismos financieros y gobiernos extranjeros suelen observar con atención cualquier señal relacionada con la estabilidad institucional y la confiabilidad de los actores políticos. Aunque la cancelación de una visa no implica una acusación formal, sí puede generar interrogantes sobre la situación política interna del país y sobre la relación de determinadas figuras con investigaciones en Estados Unidos.
Además, el contexto bilateral vuelve el asunto todavía más sensible. Washington ha incrementado la presión sobre México en temas relacionados con el combate al narcotráfico, el tráfico de fentanilo, el huachicol y las redes financieras vinculadas al crimen organizado. En ese escenario, cualquier medida dirigida contra actores políticos mexicanos inevitablemente adquiere una dimensión diplomática.
La administración estadounidense parece estar enviando un mensaje que va más allá de la persecución de grupos criminales. El mensaje apunta también hacia la necesidad de combatir posibles estructuras de protección política que permitan la operación de organizaciones ilícitas. Aunque el gobierno mexicano ha señalado que no ha recibido información oficial sobre varios de estos casos, el tema permanece en la agenda bilateral y amenaza con convertirse en un punto permanente de tensión.
Para Claudia Sheinbaum el desafío es particularmente complejo. Respaldar de manera absoluta a los personajes señalados podría trasladar el costo político hacia su administración. Tomar distancia, por otro lado, podría provocar fracturas internas en Morena. Exigir investigaciones transparentes fortalecería su imagen institucional, pero también podría abrir conflictos con algunos de los grupos más influyentes dentro de su propio movimiento.
Por eso la estrategia gubernamental ha sido, hasta ahora, insistir en la necesidad de pruebas y en la ausencia de notificaciones oficiales por parte de Estados Unidos. Jurídicamente es una posición razonable. Políticamente, sin embargo, podría no ser suficiente si continúan acumulándose casos similares.
La historia demuestra que los gobiernos rara vez son derrotados por un solo escándalo. Lo que suele generar desgaste es la acumulación de episodios que terminan construyendo una narrativa negativa. Y en este caso, el riesgo para Morena no es una consecuencia legal inmediata, sino la posibilidad de que una parte de la opinión pública comience a percibir que Washington está colocando bajo la lupa a figuras relevantes del partido gobernante.
En un momento en que México enfrenta retos en materia de seguridad, migración y relaciones bilaterales con Estados Unidos, la batalla más importante quizá no se librará en los tribunales, sino en el terreno de la confianza pública. Porque en política, muchas veces la percepción termina convirtiéndose en realidad electoral.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
