IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La elección para renovar el Congreso de Coahuila dejó una de las señales políticas más relevantes rumbo a 2027. Más allá de los números, la victoria del PRI en los 16 distritos electorales abre un debate sobre los límites del poder político, el alcance real de los programas sociales y el desgaste que pueden generar los escándalos públicos cuando no existen respuestas convincentes por parte de las autoridades.
Es cierto que Coahuila representa un caso particular. Históricamente ha sido uno de los bastiones más sólidos del priismo nacional y cuenta con una estructura territorial que durante décadas ha demostrado capacidad de movilización y organización electoral. Reducir el resultado únicamente a un rechazo contra Morena sería un análisis simplista.
Sin embargo, tampoco puede ignorarse el contexto nacional en el que ocurrió esta elección.
Durante años se construyó la percepción de que los programas sociales se habían convertido en una herramienta electoral prácticamente infalible. La lógica era sencilla, quien entrega beneficios directos a millones de ciudadanos cuenta con una ventaja política difícil de revertir. No obstante, la experiencia electoral comienza a demostrar que los apoyos sociales pueden generar respaldo, pero no necesariamente garantizan lealtad absoluta en las urnas.
Los ciudadanos pueden valorar una pensión, una beca o un programa gubernamental y, al mismo tiempo, expresar inconformidad frente a otros temas que consideran igual o más importantes. La seguridad, la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas siguen teniendo peso en la decisión electoral.
En ese escenario aparece uno de los temas más incómodos para Morena, la percepción de impunidad.
Los señalamientos contra personajes cercanos al movimiento, las acusaciones que han trascendido incluso a nivel internacional y la defensa política de figuras cuestionadas han alimentado una narrativa que podría estar comenzando a generar costos electorales. El caso de Rubén Rocha Moya es quizá el ejemplo más visible. Aunque no existe una resolución judicial que lo responsabilice de delito alguno, la discusión pública sobre los señalamientos en su contra ha colocado al partido gobernante en una posición defensiva que no ha logrado cerrar por completo.
El problema para Morena no radica únicamente en las acusaciones, sino en la percepción de que algunas figuras públicas reciben respaldo político inmediato mientras las investigaciones permanecen ausentes, limitadas o poco visibles para la ciudadanía. En política, la percepción suele ser tan importante como los hechos.
Por supuesto, sería irresponsable afirmar que la derrota en Coahuila fue consecuencia directa del caso Rocha Moya o de los señalamientos realizados desde Estados Unidos contra actores políticos mexicanos. No existen, hasta ahora, estudios demoscópicos que permitan establecer una relación causal contundente.
Pero también sería ingenuo descartar que estos factores hayan influido en el ánimo de una parte del electorado.
La lección que deja Coahuila parece ser otra, ningún partido es invulnerable. Ni siquiera aquel que controla la Presidencia de la República, la mayoría de los gobiernos estatales y una amplia red de programas sociales. Cuando los ciudadanos perciben errores, excesos o falta de rendición de cuentas, las urnas siguen siendo el mecanismo más eficaz para enviar mensajes políticos.
Quizá el dato más importante no sea que el PRI ganó los 16 distritos. Lo verdaderamente relevante es que una parte del electorado parece estar recordando a todos los partidos que el respaldo ciudadano no es un cheque en blanco.
Y si Morena interpreta el resultado únicamente como un fenómeno local, podría estar pasando por alto una advertencia que, con el tiempo, podría replicarse en otras regiones del país rumbo a las elecciones de 2027.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
