IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
Por años, México ha buscado consolidarse como un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera. Su ubicación estratégica, el acceso preferencial al mercado norteamericano, la fortaleza manufacturera y las oportunidades derivadas del nearshoring representan ventajas difíciles de ignorar. Sin embargo, existe un factor que puede potenciar o limitar cualquiera de esas fortalezas, la confianza institucional.
En cualquier economía moderna, los inversionistas analizan mucho más que indicadores financieros o perspectivas de crecimiento. La certeza jurídica, la independencia de los tribunales y la estabilidad regulatoria suelen ocupar un lugar central al momento de decidir dónde colocar capitales de largo plazo.
Por ello, el debate que se ha generado en torno a diversas resoluciones emitidas por el Poder Judicial a un año de la renovación de sus integrantes mediante voto popular trasciende el ámbito estrictamente legal. Lo que está en juego no es únicamente el resultado de un caso específico, sino la percepción que se construye sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas de resolver controversias entre ciudadanos, empresas y gobierno.
Cuando los tribunales son vistos como árbitros independientes, existe confianza en que cualquier conflicto fiscal, regulatorio o administrativo será analizado con base en criterios jurídicos. En cambio, cuando comienza a extenderse la percepción de que las resoluciones favorecen de manera recurrente a una de las partes, particularmente al propio Estado, se genera incertidumbre sobre la capacidad de los particulares para defender sus derechos mediante los cauces institucionales.
Las consecuencias de esta percepción suelen manifestarse primero en la confianza empresarial. Los inversionistas nacionales, que conocen de cerca el funcionamiento de las instituciones mexicanas, suelen reaccionar rápidamente ante cualquier señal de incertidumbre jurídica. Casos relacionados con créditos fiscales, facultades de autoridades financieras, bloqueos de cuentas bancarias, nuevos gravámenes o la reapertura de procedimientos aparentemente concluidos pueden ser interpretados como señales de que las reglas del juego podrían modificarse o reinterpretarse con el paso del tiempo.
La seguridad jurídica se construye precisamente sobre la certeza de que las decisiones definitivas permanecen firmes y que los derechos adquiridos cuentan con mecanismos efectivos de protección. Cuando surge la duda sobre esa estabilidad, aumenta la cautela para realizar inversiones de largo plazo.
El fenómeno también es observado con atención desde el extranjero. Las empresas internacionales suelen evaluar indicadores relacionados con el cumplimiento de contratos, la protección de la propiedad privada, la independencia judicial y los mecanismos de solución de controversias. No necesariamente cuestionan una resolución porque favorezca al gobierno o a una empresa, sino porque buscan identificar si los criterios aplicados son consistentes, transparentes y previsibles.
La preocupación aumenta cuando se percibe una acumulación de decisiones que fortalecen las facultades del Estado frente a los particulares. Aunque muchas de estas medidas pueden tener objetivos legítimos, como combatir la evasión fiscal, fortalecer la supervisión financiera o ampliar derechos sociales, el mercado también observa la existencia de contrapesos institucionales que garanticen un equilibrio adecuado entre autoridad y libertad económica.
Por supuesto, sería un error afirmar que una sola resolución judicial puede provocar por sí misma una caída de la inversión. Las decisiones empresariales responden a múltiples factores: crecimiento económico, consumo interno, infraestructura, costos laborales, estabilidad cambiaria y oportunidades de mercado. Sin embargo, la confianza es un componente transversal que influye sobre todos ellos.
La historia económica demuestra que las inversiones suelen dirigirse hacia aquellos países donde las reglas son claras, los contratos se respetan y los tribunales inspiran confianza. No se trata de que los jueces fallen a favor de empresas o de gobiernos, sino de que sus resoluciones sean percibidas como producto de un análisis estrictamente jurídico y no de consideraciones políticas.
Ese es el verdadero desafío para el nuevo Poder Judicial en construcción, el mismo que acaba de prorrogar para 2028 las elecciones para la renovación de sus integrantes que aún permanecen, producto de la carrera judicial. Más allá de cualquier sentencia específica, su principal tarea será convencer a la sociedad, a los empresarios y a los mercados de que su actuación responde únicamente al derecho.
Porque al final, la confianza institucional no se construye mediante discursos ni reformas. Se gana con decisiones consistentes, transparentes y previsibles. Y cuando esa confianza se erosiona, el costo no sólo lo pagan los inversionistas; termina afectando el crecimiento económico, la generación de empleos y las oportunidades de desarrollo para todo el país.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
