Voy a leer un comunicado que dice lo siguiente:
Al pueblo de México:
El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.
El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
El miércoles 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra: el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.
Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado en español “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”.
Esto llevó a un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los Tratados en la materia.
Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece lo siguiente:
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.
De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenten con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
La propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
Desde que asumí la Presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes.
Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional.
México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador.
México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.
Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito.
Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.
Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición.
