IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
En política, las cosas no siempre ocurren de golpe. A veces avanzan en silencio, envueltas en lenguaje técnico, disfrazadas de “modernización” o “impulso al desarrollo”. Así parece ocurrir con la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura, una reforma que, sin tocar directamente el dinero de los trabajadores, abre la puerta para decidir sobre él.
Y ahí está el verdadero problema. No, el gobierno no va a “quitarte” el 30% de tu Afore de un día para otro. Esa afirmación es imprecisa. Pero reducir el debate a ese punto es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, deliberadamente engañoso. Porque la discusión real no es si el dinero será confiscado, sino quién decide en qué se invierte… y bajo qué lógica.
Las Afores nacieron con una premisa básica, el ahorro de los trabajadores debía ser administrado bajo criterios técnicos, buscando el mayor rendimiento posible. No eran —o no debían ser— una caja disponible para financiar prioridades gubernamentales. La nueva ley no rompe esa regla de forma explícita. La rodea.
Al facilitar que más recursos se canalicen hacia proyectos “estratégicos”, introduce un concepto peligrosamente elástico. ¿Qué es estratégico? ¿Quién lo decide? ¿Con base en qué criterios? La ambigüedad no es un accidente, es una herramienta. Porque en política, lo que no está claramente prohibido suele terminar siendo utilizado.
Y aunque sobre el papel no exista obligación para las Afores, el riesgo es evidente, la presión. No la presión legal, sino la institucional, la indirecta, la que no deja huella pero sí consecuencias. Si este debate genera inquietud, no es por paranoia. Es por experiencia.
El Tren Maya es el ejemplo más contundente, un proyecto que hoy pierde miles de millones de pesos y cuyos ingresos están muy lejos de cubrir sus costos. Su viabilidad depende, en los hechos, del subsidio permanente.
El AIFA, presentado como símbolo de eficiencia, logra números positivos en operación… pero bajo condiciones artificiales, impulsadas por decisiones administrativas que distorsionan el mercado. Dos Bocas, por su parte, sigue siendo una apuesta incierta, marcada por sobrecostos y sin evidencia clara de rentabilidad. Este no es un juicio ideológico. Es un dato incómodo, cuando la política define proyectos, la rentabilidad suele volverse secundaria.
Los defensores de la reforma apelan a las salvaguardas: regulación, supervisión, análisis técnico. Todo eso existe. Todo eso suena bien. Pero la historia reciente también muestra que las instituciones no son inmunes al poder político.
El problema no es la ausencia de reglas, sino la fragilidad de su aplicación cuando chocan con prioridades gubernamentales. Porque cuando el Estado decide que algo “debe” hacerse, rara vez se detiene ante obstáculos técnicos.
Y en ese contexto, la autonomía de las Afores deja de ser un principio sólido y se convierte en una variable negociable. El punto de fondo es incómodo, pero inevitable, el ahorro de los trabajadores podría convertirse en financiamiento de decisiones políticas.
No de manera abierta, no mediante decretos escandalosos, sino a través de mecanismos más sofisticados, más difíciles de cuestionar, más fáciles de justificar. Ese es el verdadero riesgo, no el despojo inmediato, sino la erosión gradual.
Porque cuando una inversión falla, no hay discurso que compense la pérdida. No la absorbe el gobierno. No la diluye la retórica. La absorbe, directamente, el trabajador. La ley, por sí misma, no es una sentencia. Pero sí es una señal.
Una señal de que el límite entre el ahorro privado y la política pública comienza a desdibujarse. De que el dinero de millones puede empezar a verse no solo como patrimonio individual, sino como palanca de gobierno.
Y en un país donde los grandes proyectos recientes han demostrado más ambición política que éxito financiero, esa señal debería preocupar.No porque el riesgo sea inmediato. Sino porque ya es posible.
Y en política, cuando algo se vuelve posible… rara vez se queda sin usarse.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
