IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
En toda economía moderna, la confianza es un activo intangible pero determinante. No se decreta ni se impone, se construye a partir de reglas claras, instituciones previsibles y un marco jurídico que otorgue certeza a quienes arriesgan capital. En ese contexto, la reciente decisión de permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intervenga o congele cuentas bancarias sin orden judicial plantea un debate profundo que trasciende lo legal y se inserta directamente en el terreno de la inversión, la confianza empresarial y la percepción internacional del país.
El punto de partida es claro, la certidumbre jurídica es un pilar fundamental para cualquier decisión de inversión. La posibilidad de que una autoridad administrativa actúe sin autorización judicial previa genera, inevitablemente, inquietudes. Desde la óptica empresarial, esto puede interpretarse como una debilitación del debido proceso, así como una ampliación de la discrecionalidad del Estado. El riesgo no es menor, decisiones administrativas podrían impactar de forma inmediata la operación de empresas, afectando pagos a proveedores, cumplimiento de nómina o continuidad de proyectos.
Sin embargo, el análisis no puede ser simplista. Existen matices relevantes. En diversas jurisdicciones del mundo, mecanismos similares operan como herramientas para combatir delitos financieros, aunque suelen ir acompañados de controles judiciales posteriores estrictos y vías de impugnación ágiles. Por ello, para los inversionistas, la clave no radica únicamente en la existencia de la facultad, sino en su implementación, cómo se aplica, con qué frecuencia y qué tan accesible es la defensa ante posibles excesos.
Desde la perspectiva de la inversión —tanto nacional como extranjera— los riesgos percibidos son evidentes. La posibilidad de congelamientos derivados de errores, investigaciones amplias o criterios poco claros introduce un elemento de incertidumbre operativa. Para los inversionistas internacionales, esto puede traducirse en una señal de mayor riesgo país o incluso de arbitrariedad regulatoria. Las consecuencias son conocidas: mayor cautela, exigencia de primas de riesgo más altas y, en algunos casos, la postergación de proyectos. Quizás por eso de manera inmediata Directivos de BlackRock y de Global Infraestructure arribaron ayer a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Entre ellos, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock; y Sergio Méndez, director general de BlackRock México. Asimismo, Adebayo Ogunlesi, presidente de Global Infrastructure Partners
No obstante, también existe un ángulo positivo que no debe ignorarse. Si la medida se implementa con reglas claras y controles efectivos, puede fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, alineando al país con estándares internacionales como los promovidos por organismos especializados. En ese escenario, podría incluso atraer inversión institucional que privilegia entornos con altos niveles de cumplimiento y transparencia. La condición es clara, la eficacia no puede desligarse del respeto al Estado de derecho.
La confianza empresarial, por su parte, depende en gran medida de la previsibilidad. Las preguntas que surgen en el sector privado son tan legítimas como inevitables: ¿existe riesgo de uso político o selectivo?, ¿qué tan transparente es el proceso?, ¿cuánto tiempo toma revertir una medida injustificada? En el corto plazo, es probable que predomine la cautela e incluso cierta desconfianza. A mediano plazo, el rumbo dependerá de los precedentes, decisiones justas y bien fundamentadas pueden estabilizar el entorno; casos polémicos o abusos, en cambio, podrían deteriorarlo significativamente.
En el plano internacional, la interpretación será igualmente determinante. Fondos de inversión y corporaciones globales evalúan no solo las oportunidades de mercado, sino también la solidez institucional, el respeto al Estado de derecho, respeto al debido proceso, la independencia judicial y la protección a la propiedad privada. Bajo esta óptica, la medida puede leerse de dos formas opuestas, por un lado como un riesgo institucional si se percibe como un debilitamiento de controles judiciales, o como una fortaleza en el combate a delitos financieros de cuello blanco, si se encuentra bien regulada. En este terreno, la narrativa —y los hechos que la respalden— serán decisivos.
En términos prácticos, las empresas probablemente responderán fortaleciendo sus mecanismos internos, mayor inversión en cumplimiento, auditorías más rigurosas y estrategias más sofisticadas de gestión de riesgos. Asimismo, crecerá la dependencia de asesoría legal especializada para navegar un entorno que podría volverse más complejo.
El balance final no admite respuestas absolutas. En un escenario negativo, caracterizado por abusos o falta de controles, podrían observarse menores niveles de inversión, mayor percepción de riesgo y una eventual salida o pausa de capitales. En un escenario positivo, con reglas claras y supervisión efectiva, la medida podría contribuir a una mayor institucionalidad financiera y a una inversión más formal y transparente.
En última instancia, la discusión no gira en torno a la facultad en sí misma, sino a sus límites. La experiencia internacional y la lógica económica coinciden en un punto esencial. El poder sin contrapesos genera incertidumbre; el poder con controles genera confianza. Para el empresariado, tanto nacional como extranjero, el mensaje es claro, no inquieta tanto la existencia de la herramienta, sino la posibilidad de que se utilice sin límites claros, sin transparencia y sin garantías efectivas de defensa.
Ahí, precisamente, se juega el verdadero impacto de esta decisión.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
