La relación de Claudia Sheinbaum con Donald Trump se ha convertido en una estira y afloja de la política exterior, económica y de seguridad de México, un vaivén entre amortiguar las amenazas arancelarias de Estados Unidos y preservar el principio soberanía y no intervención.
En ese tablero, la presidenta ha optado por una estrategia de no confrontación y de priorizar la colaboración con su homólogo estadounidense. Al menos eso es lo que reitera en el discurso, pero en la práctica parece ser distinto porque México ha hecho a Estados Unidos concesiones con muy pocos precedentes.
El equilibrio que practica la mandataria parece frágil: no pierde la calma pero cede en demandas clave y, si se resistiera, se enfrentaría a un enorme costo, dice la analista Miriam Grunstein.
“Yo creo que lo ha hecho con inteligencia porque sí tenemos una situación de vulnerabilidad, pero sí ha cedido a muchas demandas porque el costo sociopolítico podría ser descomunal”, opina la académica.
Las concesiones se han reflejado principalmente en tres frentes: los traslados históricos de presuntos criminales a Estados Unidos, la ambigüedad alrededor del envío de petróleo a Cuba y las versiones encontradas sobre la captura del exatleta olímpico Ryan Wedding.
Todo esto, cruzado por un elemento que domina la agenda bilateral desde que Trump regresó a la presidencia hace poco más de un año: la balanza comercial, en una guerra arancelaria que hace temblar a los negociadores mexicanos a la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC).
Para México, altamente integrado y dependiente de cadenas productivas norteamericanas, la amenaza arancelaria es una palanca de presión que puede tener consecuencias inmediatas en empleo, inversión y estabilidad macroeconómica.
Así, Sheinbaum ha privilegiado evitar escaladas y demostrar cooperación en el área donde Trump es más insistente: la seguridad.
En ese punto aparece la concesión más visible: las transferencias aceleradas de criminales. En menos de un año, México trasladó a 92 personas buscadas por Estados Unidos. El gobierno insiste en que son decisiones “soberanas” motivadas por la seguridad nacional. Críticos y analistas las leen como una forma de despresurizar la relación con Washington para contener amenazas más severas, como posibles acciones unilaterales contra organizaciones criminales en territorio mexicano.
Además, algunos especialistas dicen que varias entregas ocurrieron sin seguir el proceso formal de extradición, lo que implicaría violaciones al debido proceso, algo que el gobierno rechaza.
