A dos años de la reforma judicial
Carlos Miguel Acosta Bravo
A dos años del impulso de la reforma al Poder Judicial, el balance es preocupante. México cambió la forma de designar a jueces, magistrados y ministros con la promesa de democratizar la justicia, pero el resultado ha sido una elección con participación mínima, listas de votación dirigida -los “acordeones”-, dudas sobre la idoneidad de candidatos y un Poder Judicial más vulnerable a la influencia del Ejecutivo.
La primera elección judicial, celebrada el 1 de junio de 2025, convocó a elegir a casi 3 mil jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, solo votó entre 12.57 y 13.32 por ciento del padrón electoral, según las estimaciones del INE. Es decir, más de 85 por ciento de los ciudadanos no participó en la renovación de uno de los poderes más importantes del Estado.
Ese dato importa porque la legitimidad de un juez no depende solo de cómo llegó al cargo, sino de si la sociedad reconoce su autoridad. Cuando una reforma que se presentó como expresión de la voluntad popular se resuelve con una participación de 13 por ciento, el resultado es una justicia elegida por una minoría y con una base de respaldo social muy frágil.
El proceso estuvo marcado por la circulación de “acordeones”, guías impresas o digitales con recomendaciones de voto. El INE determinó que constituían propaganda electoral ilegal y prohibió su distribución, pero el daño ya estaba hecho.
La coincidencia entre esas listas y los resultados fue notoria. En la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, 90 por ciento de los votos coincidió con los candidatos recomendados en los acordeones, una proporción difícil de explicar por azar.
Esto convierte la elección en un ejercicio de democracia formal, pero no necesariamente de decisión libre. Si los votantes recibieron instrucciones precisas sobre a quién marcar, la boleta dejó de ser un instrumento de deliberación ciudadana y se volvió un mecanismo para confirmar listas previamente definidas.
La elección popular de jueces no es intrínsecamente antidemocrática. El problema fue el diseño, boletas con decenas o cientos de candidaturas, información insuficiente sobre perfiles profesionales, campañas débiles y una enorme asimetría entre el poder del gobierno y la capacidad de los ciudadanos para evaluar a los candidatos.
El resultado fue que varios cargos se definieron con porcentajes muy bajos de votos efectivos. Expertos han señalado que algunos candidatos ganaron con entre 5 y 6 por ciento de la votación, un nivel que complica seriamente su legitimidad y su autoridad frente a litigantes, empresas y ciudadanos.
El segundo problema es político. La reforma fue impulsada y defendida por el Ejecutivo, y el Legislativo -con mayoría oficialista- aprobó los cambios sin modificaciones relevantes. La frase atribuida al presidente: “no me cambien ni una coma”, resume una lógica en la que el poder ejecutivo define y el Congreso ejecuta.
Eso debilita el sistema de frenos y contrapesos. Un Poder Judicial no puede garantizar derechos si su renovación depende de listas, candidaturas y decisiones políticas controladas por el partido en el gobierno. La independencia judicial no se destruye siempre con un decreto; muchas veces se erosiona mediante controles sobre candidaturas, disciplinamiento, presupuesto, designaciones y presión pública.
La debilitación de la independencia judicial tiene efectos concretos. Empresas y ciudadanos recurren a los tribunales para proteger contratos, propiedad, libertad, indemnizaciones laborales, permisos, impugnaciones fiscales y derechos fundamentales. Si pierden confianza en que un juez resolverá con imparcialidad, disminuye la disposición a invertir, contratar, litigar o cumplir decisiones.
El riesgo no es solo jurídico, es económico. La inversión requiere seguridad a largo plazo. Cuando los inversionistas perciben que los jueces pueden ser condicionados políticamente, que las controversias no tendrán un árbitro neutral o que las resoluciones pueden revertirse por presión del poder, aumenta la prima de riesgo del país. Casos como el de la jueza Martha Magaña son la mejor referencia de lo que pareciera un castigo “ante el aparente desafío al poder del presidente”.
También hay un costo social. Los ciudadanos más vulnerables son quienes menos recursos tienen para buscar protección en instancias internacionales, arbitrajes privados o asesoría legal costosa. Si el Poder Judicial pierde capacidad de frenar abusos, el daño se concentra en quienes dependen más del Estado.
Otro síntoma de fragilidad es el uso de medidas como el congelamiento de cuentas o la presión sobre actores económicos y sociales. Cuando la autoridad puede afectar recursos y operaciones sin una garantía plena de revisión judicial independiente, el ciudadano no enfrenta solo al Estado: enfrenta a un Estado sin contrapesos efectivos.
En ese escenario, el Poder Judicial puede seguir existiendo formalmente, con edificios, salas, sentencias y funcionarios. Pero si no puede decidir con autonomía frente al Ejecutivo, su función esencial -garantizar derechos frente al poder- se vacía gradualmente.
La reforma buscaba recuperar la confianza ciudadana en la justicia. El balance inicial apunta en sentido contrario: baja participación, acordeones, candidatos cuestionados, posposición de nuevas elecciones y una percepción creciente de que el Poder Judicial quedó subordinado al proyecto político dominante.
El costo político ya es visible. La reforma generó división social, desconfianza de inversionistas, alertas de organismos internacionales y una sensación de que México modificó una institución central sin construir antes las condiciones para que la elección judicial fuera libre, informada y competitiva.
“Quien destruye a sus jueces heredará el viento”.La frase resume el riesgo central. Un gobierno que debilita a sus jueces puede obtener obediencia inmediata, pero pierde un árbitro confiable para resolver conflictos futuros. Y cuando no hay árbitro creíble, los conflictos no desaparecen: se trasladan a la calle, a la incertidumbre económica, a la desconfianza social y a la lucha política directa.
A dos años, la reforma judicial no ha fortalecido la justicia; ha debilitado su legitimidad. Si México quiere un Poder Judicial independiente, necesita corregir el modelo, transparencia real en candidaturas, evaluación técnica seria, campañas informativas, reglas estrictas contra la inducción del voto, protección de la autonomía presupuestal y garantías de que ningún poder puede condicionar a quienes deben juzgar.
La pregunta ya no es si el Poder Judicial cambió. La pregunta es si aún puede cumplir la función para la que existe: decir “NO” al poder cuando el poder abusa.
