Energía para la igualdad: reducir rezagos y habilitar capacidades
Por Héctor Ramírez Rodríguez
La Justicia Energética es un concepto que trasciende la infraestructura. Se vincula directamente con la visión de Estado que afirma que superar la pobreza requiere construir capacidades sociales e individuales. Salud, educación, conectividad, movilidad productividad, dependen de la energía. Sin electricidad, las comunidades no pueden sostener servicios médicos, operar escuelas, acceder a tecnologías digitales ni integrarse a la economía nacional. La energía es el habilitador silencioso de todos los derechos.
En su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, destacó que en materia de electrificación, se han realizado 20 mil 377 obras que benefician a más de 600 mil personas en 13 mil comunidades apartadas. La meta de alcanzar 99.9 por ciento de cobertura nacional en 2030 refleja una visión de justicia energética que busca equilibrar el desarrollo regional y garantizar que ningún hogar quede fuera de los servicios esenciales que habilitan la vida moderna.
Los datos demográficos confirman la magnitud del reto. Según las proyecciones oficiales del Conapo, México tendrá entre 133 y 143 millones de habitantes durante el periodo de planeación 2025-2039, alcanzando un máximo cercano a 147 millones en 2053. Este crecimiento poblacional implica una expansión sostenida de la demanda eléctrica. A ello se suma la evolución del número de viviendas: el país pasará de 38 millones en 2025 a 43 millones en 2039, producto del descenso en ocupantes por vivienda y del aumento de hogares independientes. Cada vivienda nueva requiere energía, y cada comunidad en expansión
demanda infraestructura de distribución y capacidad de generación.
Las cifras históricas muestran la urgencia de esta política. Para 2020, el extinto Coneval registró que uno de cada cinco mexicanos (18 por ciento, casi 23 millones de personas) enfrentaba carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, entre ellos la electricidad.
Ese mismo año, el Censo de Población reportó 268 mil 863 viviendas habitadas sin energía eléctrica. Detrás de cada número hay una familia que vive sin refrigeración, sin iluminación adecuada, sin acceso a información, sin condiciones para estudiar o trabajar en igualdad de circunstancias.
La Justicia Energética, por tanto, no es un concepto abstracto: es el alma de una política pública que busca cerrar brechas históricas. Implica llevar energía a comunidades rurales, zonas de difícil acceso, regiones con rezago social y localidades donde la infraestructura nunca llegó o llegó de manera insuficiente. También exige modernizar redes, ampliar capacidad de distribución y asegurar que la energía sea estable, segura y asequible.
El avance reportado en el Informe de Gobierno muestra que el país ha asumido esta tarea con seriedad. Sin embargo, alcanzar la cobertura universal requiere mantener el ritmo de inversión, fortalecer la planeación territorial y asegurar que la expansión del Sistema Eléctrico Nacional responda a criterios técnicos y de equidad. La justicia energética es, en esencia, justicia social: garantiza que todos los mexicanos cuenten con las condiciones mínimas para desarrollar sus capacidades y participar plenamente en la vida económica y social del país.
En el siguiente artículo analizaremos el Eje 3: Garantizar un sistema eléctrico robusto, confiable y seguro, con base en cifras oficiales y evaluaciones técnicas.
X @hector_ramirezr
