Cuando la protección se convierte en censura
Carlos Miguel Acosta Bravo
El 28 de julio de 2026, la Consejería Jurídica del Ejecutivo y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) presentaron los «Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias». Lo que inicialmente se presentó como un protocolo de buenas prácticas para medios de radio y televisión se ha transformado en un reglamento con facultades sancionatorias que otorgan a la CRT —un órgano dependiente del Poder Ejecutivo— la capacidad de intervenir en decisiones editoriales y aplicar multas económicas significativas.
Y el gremio periodístico tiene miedo. Mucho miedo, puestos estos Lineamientos fueron aprobados el día 26 de agosto de 2026.
La preocupación central es simple, la CRT dependiente del Poder Ejecutivo, tendría la facultad de revisar decisiones de defensores internos de los medios, resolver controversias sobre contenidos, imponer multas de hasta el 1% de los ingresos acumulables de las empresas concesionarias por cada infracción, y sancionar a medios por publicar información considerada «falsa», «descontextualizada» o «desactualizada».
Como señaló Human Rights Watch, esto permite que «el gobierno sea juez y parte». Un órgano del Ejecutivo puede revisar decisiones editoriales y aplicar sanciones económicas que podrían afectar la viabilidad financiera de los medios.
En otras palabras, el mismo gobierno que es objeto de crítica periodística tendría la facultad de sancionar a los medios que lo critican.
Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de Article 19, señaló que las disposiciones «vagas» para que el gobierno imponga sanciones a contenidos periodísticos podrían generar un efecto inhibitorio en los medios de comunicación.
Los periodistas, ante el riesgo de multas económicas significativas (hasta 1% de los ingresos anuales), podrían optar por no investigar temas sensibles o controversiales, evitar críticas al gobierno o a funcionarios públicos, y autocensurarse para evitar sanciones.
Human Rights Watch advirtió que los lineamientos «pueden ser usados para reprimir el periodismo independiente» o generar un «efecto intimidatorio». La posibilidad de que la CRT determine qué información es «falsa», «descontextualizada» o «desactualizada» otorga al gobierno un poder discrecional para sancionar contenidos periodísticos críticos.
Las multas de hasta 1% de los ingresos acumulables pueden parecer pequeñas, pero para medios pequeños o medianos, representan una carga financiera significativa que podría afectar su viabilidad económica.
México Evalúa alertó que la posibilidad de imponer multas por cada incumplimiento, ya sea por incumplimientos administrativos o como resultado de un procedimiento de queja, podría afectar la libertad de expresión y de prensa.
Para un medio grande, una multa del 1% de sus ingresos es un gasto más. Para un medio pequeño o mediano, puede ser la diferencia entre seguir operando o cerrar.
En estados como Veracruz, la situación es aún más preocupante, ni siquiera se registró un foro de discusión y no se permitió la participación y retroalimentación del gremio periodístico local.
Esto refleja un patrón de exclusión donde no se consulta a los periodistas sobre regulaciones que afectan directamente su trabajo, no se consideran las particularidades regionales en la aplicación de los lineamientos, y se impone una regulación desde el centro sin diálogo con los afectados.
En Veracruz, una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México, donde seis periodistas han sido asesinados en 2026 y existe un clima de impunidad en agresiones contra periodistas, cualquier mecanismo que pueda usarse para intimidar o sancionar a periodistas críticos es particularmente preocupante.
Entre las críticas internacionales se encuentra la de Human Rights Watch que exhortó a que el gobierno revise los lineamientos para garantizar que no amenacen la libertad de expresión. Article 19 señaló que los lineamientos representan «censura y autocensura» si se mantienen disposiciones «vagas» para que el gobierno imponga sanciones a contenidos periodísticos. México Evalúa alertó que la posibilidad de suspender transmisiones e imponer multas podría afectar la libertad de expresión y de prensa.
Ante la tormenta de críticas, la CRT aprobó los lineamientos el 26 de agosto de 2026, pero con modificaciones que buscan acotar su intervención.
La CRT aseguró que no revisará contenidos, decisiones editoriales, ni determinará qué noticias son verdaderas o falsas. Norma Solano, titular de la CRT, enfatizó que «la CRT no revisa contenidos ni decisiones editoriales, las cuales son entera responsabilidad de los medios conforme a sus códigos de ética».
Pero persisten las dudas, aunque la CRT dice que no revisará contenidos, los lineamientos originales sí otorgaban esa facultad. Las multas de hasta 1% de los ingresos siguen vigentes. La CRT sigue teniendo la facultad de resolver controversias sobre contenidos.
La paradoja, protección que se convierte en control, los «Derechos de las Audiencias» plantean una paradoja. Lo positivo es que la protección de las audiencias es necesaria y legítima. Los defensores de audiencias y códigos de ética son mecanismos válidos. El derecho de réplica es un derecho fundamental. Lo preocupante, un órgano del Ejecutivo (CRT) tiene facultades para sancionar contenidos. Las multas de hasta 1% de los ingresos pueden ser usadas como herramienta de presión. La definición de información «falsa» o «descontextualizada» es discrecional.
La pregunta clave es ¿Quién vigila la verdad? ¿El gobierno a través de la CRT, o la sociedad a través del debate público y el periodismo independiente?
Mientras esa pregunta no tenga una respuesta clara, el temor del gremio periodístico de que estos lineamientos coarten la libertad de expresión seguirá siendo legítimo y fundado.
Porque en democracia, la verdad no la decide el gobierno, la decide el debate público, el periodismo independiente y la ciudadanía informada.
Y cuando el gobierno tiene la facultad de decidir qué información es «falsa» o «descontextualizada», o noticiosa o de opinión, y de imponer multas millonarias a los medios que no se ajusten a su versión de la verdad, la democracia deja de ser democracia y se convierte en algo mucho más peligroso.
El gremio periodístico tiene razón en tener miedo. Porque cuando el gobierno puede sancionar económicamente a los medios que lo critican, la libertad de expresión deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio que puede ser revocado en cualquier momento. Y eso, en cualquier democracia que se precie de tal, es inaceptable.
