Por redacción / La Jornada
Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos estrechará su cerco contra los migrantes por medio de su oficina de recaudación de impuestos. De acuerdo con una propuesta del Departamento del Tesoro, todos los contribuyentes que busquen asistencia social mediante ciertos beneficios fiscales deberán comprobar su estatus, ya sea de ciudadanos estadunidenses o “extranjeros cualificados”.
Al certificarse como residentes o “extranjeros cualificados”, estos beneficiarios de apoyos fiscales también deberán identificar a su cónyuge y su situación migratoria, so pena de ser acusados de presentar deliberadamente información incorrecta o falsa en su declaración de impuestos, lo que constituye un delito grave en Estados Unidos y puede llevar a multas de 100 mil dólares y prisión de hasta tres años.
La propuesta del Tesoro y su Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) busca aplicar una serie de medidas “para reforzar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA, por sus siglas en inglés)”.
Esta norma tiene una función central en el sistema de asistencia social de Estados Unidos y desde su publicación, en 1996, acotó que los extranjeros están excluidos de cualquier “beneficio público federal”.
Por ello, el Tesoro, por conducto del IRS, busca clasificar los créditos fiscales por adopción, por número de hijos, el American Opportunity y por ingreso del trabajo –todos subsidios que se dan a población vulnerable– como “beneficio público federal”, a fin de que no se otorguen a personas que no cuenten con documentos migratorios en regla.
“Esta medida combate el abuso de los créditos fiscales rembolsables sobre la renta individual financiados por los contribuyentes y garantiza que los extranjeros indocumentados y otros extranjeros no cualificados, a quienes la ley federal prohíbe recibir tales beneficios, no los obtengan”, explicó el Tesoro en un comunicado.
Sin embargo, la propuesta, a publicarse este jueves en el Registro Federal, fue señalada como una medida de persecución migratoria, más que como una manera de ahorrar recursos al gobierno federal. El documento completo reconoce que tendrá “efectos económicos limitados”, dado que en general se requiere que los contribuyentes posean un número de seguridad social válido para poder optar a estos subsidios.
A falta de información sobre el número de beneficiarios, el Tesoro estima que “entre 200 mil y 700 mil contribuyentes” –migrantes sin documentos, pero contribuyentes– quedarán excluidos de estos programas de subvenciones en 2026. Dado que el importe promedio de apoyos fiscales se estima en 3 mil 656 dólares por persona, se proyecta que los créditos denegados ronden entre 700 y 2 mil 600 millones de dólares.
En este punto, la propuesta revela que en realidad no tiene información para sustentar una medida fiscal, pero sí de identificación migratoria. “El Departamento del Tesoro y el IRS no disponen de datos sobre la condición de extranjero cualificado de los contribuyentes a efectos de la PRWORA que permitan estimar con precisión el importe monetario que se denegaría en virtud de las regulaciones propuestas”, expone el documento.
