IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La decisión de Morena de iniciar el próximo 22 de junio la selección de sus llamados «Coordinadores de Defensa de la Cuarta Transformación» representa mucho más que un simple proceso interno. En términos políticos, constituye el arranque anticipado de la contienda por las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027.
Aunque formalmente no serán candidatos, la experiencia reciente demuestra que estos coordinadores terminan convirtiéndose en los abanderados del partido. En consecuencia, Morena comenzará a posicionar perfiles, construir estructuras territoriales y medir fortalezas locales con casi un año de ventaja respecto a sus adversarios.
La estrategia tiene lógica. Mientras PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas continúan definiendo liderazgos y explorando posibles alianzas, Morena colocará a sus aspirantes en el territorio, incrementará su presencia mediática y mantendrá la conversación pública girando alrededor de sus propias figuras.
Además, el partido busca evitar uno de los principales riesgos que enfrenta cualquier fuerza dominante, las fracturas internas. Con más de medio centenar de aspirantes interesados en competir por las gubernaturas, adelantar las definiciones permite administrar conflictos, negociar posiciones y reducir el riesgo de rupturas que puedan traducirse en derrotas electorales.
Sin embargo, existe una variable que podría alterar significativamente el panorama político rumbo a 2027, las investigaciones que se desarrollan en Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y organizaciones criminales.
Las declaraciones de Sara Carter sobre la intención de investigar a figuras políticas que hayan brindado protección a grupos como Los Chapitos o el Cártel Jalisco Nueva Generación han elevado la tensión política. A ello se suman los señalamientos sobre presuntas investigaciones contra diversos gobernadores y los reportes relacionados con solicitudes de extradición contra actores políticos vinculados al oficialismo.
Por ahora, estos casos permanecen principalmente en el terreno mediático y político. Mientras no existan acusaciones judiciales sólidas, pruebas contundentes o procesos formales, es probable que Morena logre contener cualquier desgaste importante. La experiencia demuestra que los programas sociales, la estructura territorial y la identificación partidista suelen tener un peso mayor que las controversias políticas de corto plazo.
No obstante, el riesgo para Morena no está en una acusación aislada, sino en la acumulación de señalamientos. Si durante los próximos meses continúan apareciendo nombres de gobernadores, legisladores o dirigentes bajo investigación, la oposición podría construir una narrativa capaz de erosionar gradualmente la imagen del movimiento.
El escenario más delicado surgiría si las investigaciones estadounidenses derivan en expedientes judiciales, solicitudes formales de extradición o evidencias que vinculen directamente a funcionarios en activo con estructuras criminales. En ese momento, la discusión dejaría de centrarse en la seguridad pública para convertirse en un debate sobre corrupción, impunidad y presunta protección política al crimen organizado.
A ello debe añadirse otro factor, la popularidad presidencial. Aunque la aprobación de Claudia Sheinbaum sigue siendo un activo importante para Morena, cualquier tendencia sostenida a la baja podría impactar en algunos estados competitivos. Sin embargo, sería un error asumir que una disminución en la popularidad presidencial se traducirá automáticamente en derrotas electorales. Morena conserva una estructura territorial robusta y una base electoral consolidada que continúa siendo superior a la de sus adversarios.
Por ello, la elección de 2027 podría definirse menos por las campañas y más por la evolución de las investigaciones que hoy se encuentran en desarrollo. Morena parte con ventaja, tiene organización, recursos políticos y la capacidad de imponer agenda. Pero también enfrenta, quizá por primera vez desde 2018, la posibilidad de que factores externos alteren significativamente el tablero electoral.
La pregunta central no es si habrá más acusaciones o más declaraciones. La verdadera incógnita es si esas investigaciones producirán pruebas judiciales capaces de modificar la percepción pública de millones de votantes antes de que lleguen las urnas.
Y esa respuesta, hoy por hoy, sigue siendo incierta.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
