IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
Por décadas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha demostrado ser uno de los movimientos sociales con mayor capacidad de presión en México. Su fuerza no radica únicamente en el número de maestros movilizados, sino en su habilidad para convertir demandas gremiales en conflictos políticos de alcance nacional. Sin embargo, el escenario que enfrenta actualmente es muy distinto al que existió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Las recientes movilizaciones de la Coordinadora han puesto a prueba a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los dirigentes magisteriales insisten en una reunión directa con la mandataria, convencidos de que solamente una interlocución presidencial puede traducirse en concesiones significativas. No obstante, hasta ahora la respuesta ha sido clara, el diálogo continuará, pero a través de los canales institucionales y no desde Palacio Nacional.
Esta postura representa un cambio importante respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante su administración, la CNTE encontró un ambiente de apertura política que le permitió influir en decisiones relevantes del sector educativo. La llegada de Leticia Ramírez Amaya a la Secretaría de Educación Pública fue vista por muchos como una muestra de la cercanía que existía entre el gobierno y sectores vinculados al magisterio disidente. Aquella etapa parece haber concluido.
Hoy, Sheinbaum enfrenta un dilema complejo. Si accede a reunirse con la Coordinadora después de semanas de presión, corre el riesgo de enviar el mensaje de que los bloqueos y movilizaciones siguen siendo una herramienta eficaz para doblegar al poder presidencial. Pero si mantiene su negativa, podría provocar una escalada del conflicto que derive en protestas más agresivas y costosas para la gobernabilidad.
La cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 agrega una variable adicional. México se encuentra bajo la mirada internacional y cualquier episodio de conflictividad social que afecte aeropuertos, carreteras o centros turísticos tendrá una repercusión mucho mayor que en otros momentos. La CNTE lo sabe y podría intentar aprovechar esa coyuntura para incrementar la presión política. Pero también el gobierno entiende que la estabilidad y la imagen del país son factores estratégicos que no puede comprometer.
Lo interesante es que, hasta el momento, la respuesta gubernamental no ha sido la negociación política tradicional, sino la contención institucional. Cercos policiales, restricciones de acceso a edificios públicos y una firme negativa a trasladar el conflicto al ámbito presidencial muestran que la actual administración busca redefinir las reglas de la relación con los movimientos sociales. No se trata necesariamente de una estrategia represiva, sino de una decisión orientada a evitar que la presión callejera sustituya los mecanismos formales de negociación.
Sin embargo, el gobierno tampoco puede ignorar que la CNTE conserva una importante capacidad de movilización y que una prolongación del conflicto podría generar desgaste económico, social y político. La historia reciente demuestra que los movimientos magisteriales suelen resistir periodos prolongados de confrontación y que, cuando perciben cerrazón institucional, tienden a radicalizar sus métodos de protesta.
Más allá de las demandas salariales o de pensiones, el fondo del conflicto es una disputa por el poder político. La CNTE busca mantener el nivel de interlocución privilegiada que alcanzó durante el sexenio anterior. Sheinbaum, en cambio, parece decidida a establecer que la Presidencia no será un espacio abierto a negociaciones obtenidas mediante presión directa.
La pregunta central es quién cederá primero. Si la Coordinadora logra forzar una reunión presidencial, demostrará que conserva intacta su influencia política. Si la presidenta mantiene su postura y consigue resolver el conflicto mediante instancias institucionales, marcará una ruptura significativa con el modelo de relación construido durante los últimos años.
Lo que está en juego no es únicamente una negociación magisterial. Se trata de definir si México continuará bajo la lógica de la presión política como mecanismo de interlocución o si el nuevo gobierno logrará imponer una relación basada en instituciones y no en movilizaciones. El desenlace de este conflicto podría convertirse en uno de los primeros grandes indicadores del estilo de gobierno que caracterizará al sexenio de Claudia Sheinbaum.
Comente u opine a:
cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
