>En agosto, municipios podrían comenzar a recibir completas sus participaciones.
>Se reducirá de 2036 a 2030 el plazo de pago de la deuda ante el Estado y sin intereses.
Con el respaldo unánime de los 199 ayuntamientos involucrados, el Gobierno de Veracruz inicia oficialmente la ruta jurídica, técnica y financiera para liquidar la bursatilización contratada en 2008, considerada uno de los esquemas neoliberales más costosos en las últimas décadas.
La Estrategia de Saneamiento Financiero Municipal impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García logró lo que durante 18 años no pudo concretarse: construir consenso entre municipios de distintas fuerzas políticas para desmontar un mecanismo que mantenía comprometidas sus participaciones federales y limitaba la inversión en obra pública y servicios básicos.
Tras la entrega de las actas de Cabildo aprobadas por los ayuntamientos, el proceso avanzará ahora bajo un calendario técnico y jurídico coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación, para extinguir formalmente la deuda antes de concluir julio.
El cronograma establece que el 05 de junio iniciará la validación documental de los 199 municipios; el 15 de junio se firmará el convenio oficial del nuevo mecanismo estatal y el 20 de junio se realizará la sesión final de confirmación con representantes regionales.
La fase decisiva comenzará en julio. El día 01, el Gobierno del Estado notificará al fideicomiso y a los tenedores bursátiles la decisión de liquidar anticipadamente la deuda; el 21 de julio se transferirán los recursos correspondientes y el 27 de julio se prevé la cancelación definitiva de los certificados bursátiles.
De cumplirse los tiempos establecidos, agosto marcaría el primer impacto directo para los ayuntamientos, que comenzarían a recibir completas sus participaciones federales, sin las retenciones aplicadas por Hacienda.
La propuesta estatal contempla que el Gobierno de Veracruz absorba el 75 por ciento del adeudo y los municipios el 25 restante, bajo un esquema sin cobro de intereses y con plazo máximo de liquidación al año 2030, adelantando seis años el vencimiento originalmente proyectado para 2036.
Además del saneamiento financiero, la administración estatal estableció mecanismos de corresponsabilidad para garantizar que los recursos liberados se destinen prioritariamente a pavimentación, drenaje, alumbrado público, agua potable y seguridad.
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